La propuesta del gobierno para regular a los contratistas encuentra eco en el Parlamento. Hay fuertes apoyos en el Frente Amplio para controlar la actividad de los empresarios, mientras la oposición también suma adhesiones.
La polémica generada en torno al juvenil Nicolás López, de 17 años, que hace una semana viajó a Italia junto a su representante, Pablo Bentancur, y su familia sin autorización de Nacional, reflotó el interés del gobierno y de varios legisladores en un proyecto de ley enviado al Parlamento en septiembre de 2009 que regula todo lo relativo a las transferencias de deportistas.
Sin embargo, no hay unanimidades. El exministro de Deporte y actual diputado nacionalista Jaime Trobo en principio no está a favor de legislar como propone el gobierno y pide cautela con el caso. En diálogo con El País, Trobo dijo que es partidario de permitir el funcionamiento libre de las partes en un contrato, sin que haya intervención de ningún tipo.
Recordó con respecto al juvenil López que, al haber viajado a Italia con sus padres, hasta hablar con él no se puede determinar si se trata de una situación abusiva del contratista Pablo Bentancur. Podría haber violación del contrato que lo liga con Nacional, advirtió.
Otro punto de vista similar fue expresado por el diputado nacionalista Pablo Abdala. "Hay que ser cauteloso" sobre la idea de legislar. "Si bien puede parecer una solución simpática, en este caso rige la normativa de FIFA. No hay que confundir eso con la protección de los derechos del menor", advirtió.
Para Abdala, en este caso, el Ministerio de Deporte "debiera intervenir ante los hechos consumados. Esto tiene visos de abuso de los derechos de ese menor", afirmó a El País.
No obstante, la amplia mayoría de los sectores políticos está a favor de la idea del gobierno.
"Claramente hay una falta, una carencia en la regulación del trabajo de quienes operan en una forma irregular", dijo el diputado del Partido Independiente Iván Posada, al referirse a los contratistas, aludiendo a que una ley vigente establece que los clubes deportivos son los únicos que pueden tener el derecho a la transferencia de los jugadores.
"Hay una situación de hecho fuera de la ley y que no tiene sanciones. Eso permite que se siga actuando en forma irregular", destacó el legislador.
El diputado Jorge Orrico (Asamblea Uruguay) recordó que antes de la inquietud planteada por el Poder Ejecutivo se había hablado en la comisión de Deporte de la Cámara baja de reactivar este proyecto.
"Estamos frente a casos que son prácticamente de tráfico de esclavos", dijo a El País el legislador oficialista.
Orrico estimó que hay varios aspectos a estudiar en estos casos porque, por ejemplo, dijo que López tiene 17 años y los contratos que en su nombre firma su padre "en Uruguay solo valen hasta que cumpla 18", lo que ocurrirá en un mes. Según se sabe, tiene un contrato con Nacional hasta fines de 2013.
Respecto al caso particular, Orrico dijo que "si el jugador tiene contrato no se puede ir", más allá de que según un fallo de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) el contrato no puede ir más allá de los 18 años de edad.
En un sentido similar se pronunció el diputado de Vamos Uruguay Aníbal Gloodfotszky quien, pese a no conocer el espíritu del proyecto de gobierno. "No está demás regular una actividad polémica, para beneficiar a los clubes deportivos", afirmó el legislador.
Su colega del mismo sector Fitzgerald Cantero indicó que el proyecto del Ejecutivo se puede "tomar como base".
"Parar a la FIFA"
"Es hora de que el Uruguay empiece a trabajar a nivel internacional junto con otros países para parar a la FIFA", dijo a El País el diputado frenteamplista Jorge Orrico, aludiendo a que él considera que las normas y reglamentaciones del organismo internacional "no respetan la soberanía de los Estados". "No puede ser que la FIFA disponga lo que quiera", añadió.
LEY PARA AGENTES DEPORTIVOS
El proyecto, denominado ley de Regulación de la Cesión y Transferencia de los Derechos de los Deportistas Profesionales, fue presentado al Parlamento en 2008, a propuesta del Poder Ejecutivo encabezado por el expresidente Tabaré Vázquez, pero resultó archivado debido a que no fue considerado al finalizar la Legislatura anterior. La iniciativa regula y reconoce la actividad de los contratistas (a los que define como "intermediarios" o "agentes deportivos"). Asimismo, se plantea en este proyecto la creación de un registro de empresarios en la órbita del Ministerio de Turismo y Deporte. El proyecto también estipula las comisiones que se deben pagar tras una venta, a la vez que pone especial énfasis en las transferencias de deportistas menores de edad -principalmente al exterior- y la necesidad de valuar a fondo el efecto que el pase puede tener para el joven tanto a nivel social, familiar y educativo. La iniciativa mantiene el criterio que prevé el decreto-ley 14.996 (vigente desde marzo de 1980) y que prohíbe expresamente que personas físicas sean titulares de derechos federativos y económicos de deportistas profesionales algo que, en la mayoría de los casos, no se cumple y que es la motivación principal para reflotar la iniciativa.