Malestar por ocultamiento de información en la IMM

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La oposición cuestionó ayer la postura de la directora de comunicaciones de la Intendencia de Montevideo, María Urruzola, de negar a la prensa información institucional, en contravención a la Ley de Acceso a la Información Pública.

En una carta entregada en mano a la intendenta Ana Olivera, el edil colorado Flavio Beltrán recuerda que el artículo 2° de la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública (18.381) "establece claramente que es un derecho de todas las personas acceder a la información pública sin necesidad de justificar las razones por la que se solicita, por lo tanto es claro que la Sra. Urruzola no está actuando conforme a Derecho".

Beltrán dijo a El País que Olivera le manifestó preocupación por el tema y que hizo una consulta a su División Jurídica para saber si correspondía entregar la información que le fue requerida a su subordinada.

Contrariamente a lo que establece la norma y a los propios procedimientos establecidos en la web municipal en su apartado "Transparencia" -un recurso online de habeas data-, la titular de la División Información y Comunicación se negó a proporcionar los datos sobre la última encuesta que Equipos Mori realizó a pedido de la IM (julio 2011), argumentando que se trata de "información reservada".

"No es información producida por nosotros, sino comprada, por eso no es pública y la ley no la abarca", dijo Urruzola, quien consideró además que la información "no tiene interés periodístico".

Al respecto, Beltrán señaló que "más allá de las razones de índole legal, hay en esta actitud una clara intención de arrogarse el derecho de elegir la información que los ciudadanos pueden o no recibir, lo que constituye una conducta muy grave en un país democrático".

El edil marca además "el abuso de poder que se esconde en tal actitud, ya que el dinero que solventó la encuesta mencionada pertenece a todos los montevideanos".

El artículo 2° de la ley 18.381 establece que se considera información pública "toda la que emane o esté en posesión de cualquier organismo público".

Explica además que "información reservada" es aquella cuya divulgación pueda "comprometer la seguridad pública", "menoscabar negociaciones o relaciones internacionales", "dañar la estabilidad financiera", "poner en riesgo la vida" o "desproteger descubrimientos científicos".

Ayer, El País intentó comunicarse con la intendenta Olivera para conocer su opinión al respecto, lo cual no fue posible.

BLANCOS. Desde el Partido Nacional, el edil Álvaro Viviano dijo que si la encuesta se contrató con dineros públicos, "no puede utilizarse para la manipulación política y tiene que ser pública en todo sentido".

"Esto tiene que ocurrir cuando la encuesta nos da a favor y también, teniendo la debida honestidad, cuando los resultados nos son adversos", declaró el legislador.

Viviano dijo que solicitará la información institucionalmente, a través de la Junta Departamental. Y consideró que "Urruzola viene demostrando desde hace tiempo una notoria crisis de ubicuidad, porque no ha podido mostrar los resultados que seguramente hubiera querido, como pasa con Tevé Ciudad".

El edil de Alianza Nacional indicó que en caso de que la información no sea proporcionada, convocará a la Junta "al superior inmediato de Urruzola", el secretario general de la comuna, Ricardo Prato.

La responsable de la comunicación institucional de la Intendencia de Montevideo argumentó que los datos de la encuesta, que entre otras cosas contiene los últimos porcentajes de aprobación y desaprobación de la gestión de Ana Olivera, "no son para la prensa ni de interés público", ya que "se utilizan como insumo de trabajo".

Sin embargo, dentro de la política de transparencia de la comuna se establece que "los organismos públicos, sean o no estatales, deberán difundir en forma permanente (...) toda información estadística de interés general".

Otro de los argumentos en los que la jerarca se basó para negar la información fue que la comuna "paga" por esa información. Y agregó: "Si quieren esa información la pueden comprar, del mismo modo que la compra la Intendencia" con el dinero de los impuestos de los montevideanos.

Los responsables de Equipos Mori explicaron a El País que no venden al público general -esto incluye a la prensa-información de una encuesta realizada "a pedido".