La Dirección General Impositiva (DGI) presentará la semana próxima una "denuncia penal" contra un "usuario" de zona franca por "defraudación tributaria", adelantó a El País el director general de Rentas, Pablo Ferreri.
De todas maneras, aún queda "por definir alguna cosa" de la presentación de la denuncia.
La misma es consecuencia del operativo sobre 150 de 600 empresas de zonas francas que realizó la DGI.
Según la ley, en el ámbito penal, la defraudación se tipifica al que "directamente o por interpuesta persona, procediera con engaño con el fin de obtener, para sí o para un tercero, un provecho indebido a expensas de los derechos del Estado a la percepción de sus tributos".
La pena por este delito va de "seis meses de prisión a seis años de penitenciaría".
A comienzos de julio la DGI anunció que se le reliquidaban tributos a 27 empresas de todas las zonas francas por $ 400 millones (unos US$ 22 millones), pero que el operativo continuaba por lo que podía haber más.
Ayer Ferreri señaló que en total hay unas 50 reliquidaciones ya.
La "mayoría" de las 27 empresas citadas en primera instancia por la DGI para acordar, aceptaron la reliquidación del organismo, indicó.
Las restantes fueron informadas después y "están citadas para acordar", explicó.
La maniobra detectada por el organismo en el operativo que realizó fue que algunas empresas en zonas francas eran "de papel", es decir, no tenían actividad, pero se les atribuían "rentas artificialmente" que en realidad eran obtenidas por firmas vinculadas fuera de zona franca, había dicho Ferreri en julio.
Así, se utiliza artificialmente la zona franca con el objetivo de evitar el pago del Impuesto a la Renta (IRAE).
El director de Rentas señaló a El País en aquella ocasión que una empresa puede estar en zona franca y tener otra firma fuera de ella, pero que la ley es clara en que "la actividad sustancial tiene que estar en zona franca".
En los casos en que se reliquidaron impuestos sucedía al revés, la firma en zona franca no tenía actividad, la firma fuera de ella sí y se hacía pasar la facturación de la empresa fuera de zona franca por la de la firma dentro.
De esa forma se beneficiaba de no pagar impuestos al facturar en zona franca.
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