Proyectos público-privados: pese a crisis hay interés en financiarlos

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Pese a la crisis global, privados y el gobierno ven viable que haya financiamiento de los Contratos de Participación Público-Privada (CPPP) para obras de infraestructura, si bien puede encarecerse el mismo. Algunos remarcan que la ley llega tarde.

Para el gobierno, la posibilidad de un referéndum contra la ley marco de CPPP -recientemente aprobada- que promueve el sindicato de Ancap, "ni siquiera" prosperará, según dijo ayer el director general de Secretaría del Ministerio de Economía, Pedro Apezteguía.

El jerarca disertó sobre los CPPP junto al socio director de Ferrere Abogados, Andrés Cerisola y al presidente de la Cámara de la Construcción, Ignacio Otegui en un desayuno de la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM). Este último señaló que "la ley llegó con severo retraso" para resolver el déficit de infraestructura. Las primeras obras podrían iniciarse sobre finales de 2012.

Al momento de las preguntas, Apezteguía y Cerisola fueron consultados sobre si habrá una afectación de las obras que se prevén hacer con CPPP (rutas, cárceles, escuelas, entre otras) por la incertidumbre internacional o el referéndum contra la ley que promueve el sindicato de Ancap.

El representante de Economía afirmó que en el actual contexto "lo razonable sería que los CPPP tuvieran dificultades de financiamiento y (éste) fuera más caro, pero hay posibilidades de inversión y necesidades de invertir". En ese sentido, dijo que "el ahorro previsional de los uruguayos (que manejan las AFAP) crece alrededor de US$ 500 millones por año y ese dinero tiene que invertirse en algo". Por eso el "panorama es auspicioso", agregó.

Respecto a la idea del sindicato de Ancap de promover un referéndum contra la ley, Apezteguía dijo que el gobierno cree que eso "ni siquiera" prosperará, ya que el proyecto fue aprobado por "unanimidad" en el Parlamento. "Los candidatos que recibieron el apoyo de más de 2 millones de uruguayos seguramente no van a permitir que una iniciativa de ese tipo prospere", aseguró.

Para Cerisola si bien a "nivel de financiamiento internacional (para los proyectos) se puede complicar, también es verdad que hay apetito por el riesgo (en) Uruguay". En ese sentido dijo que "los principales financiadores" internacionales como los bancos "Goldman Sachs, JP Morgan y Crédit Suisse ya expresaron interés en estructurar financiamientos" y que las AFAP "también" tienen interés.

Cerisola afirmó además que "el tema central no es si alguien amenaza hacer un referéndum, sino con qué firmeza y claridad se planta el Poder Ejecutivo".

Afirmó que "la oposición de un sindicato, un grupo político, no corre inversores si ve a un Poder Ejecutivo claro, firme y no ambiguo", agregó,

Aunque "hay inversores que sí se fueron, el 80% no se va a ir si ve un liderazgo y una posición clara del Poder Ejecutivo", insistió.

Previamente Otegui había dicho que "la oposición de algunas esferas del lado sindical pueden obstaculizar" a esta ley.

Para el presidente de la Cámara de la Construcción hay un "desbalance entre la inversión en infraestructura y el crecimiento de las toneladas transportadas". Por eso "o la ley da resultado o con la escasa inversión pública prevista tenemos un apagón logístico", afirmó.

Apezteguía dijo que discrepa con esa visión ya que a su juicio "hay buenos volúmenes previstos" de inversión y que "cada país tiene las infraestructuras que puede pagar".

Otegui respondió que "el país (ya) tiene un problema de infraestructura" y añadió que "o el país invierte lo que no invirtió hasta ahora en infraestructura o el país va a tener problemas severos". Por eso pidió que "se acorten los plazos" en los procesos de CPPP.

La ley de CPPP establece que el flujo de proyectos que pueden realizarse bajo esa modalidad es de 7% del Producto Interno Bruto (PIB) del año inmediato anterior, eso es "US$ 2.800 millones, US$ 3.000 millones" explicó el director general de Secretaría de Economía. A su vez, las erogaciones del Estado bajo esa modalidad no podrán superar el 5 por 1.000 del PIB al año, "unos US$ 200 millones", dijo.

La reglamentación de la ley -que estará lista en las próximas semanas- establecerá "cómo se distribuye el cupo" de US$ 2.800 millones, US$ 3.000 millones en CPPP señaló Apezteguía a El País. Explicó que el criterio para distribuir el cupo será de acuerdo a la factibilidad del proyecto y a los que tengan "más valor por dinero".

El jerarca apuntó que "hay cosas que no pueden ser `pepepizables`" ya que bajo los contratos con privados no se pueden contratar maestros o guardia-cárceles ya que esa es una función del Estado. "No es mágica, no es que ahora todo va a ser PPP", afirmó.

Bancos: Principales financiadores del exterior ya expresaron interés en estructurar.

Apezteguía y Cerisola fueron consultados respecto a si había alguna diferencia entre la ley de CPPP y la ley de empresas públicas de 1992 del gobierno de Luis Lacalle.

El socio director de Ferrere dijo que una diferencia "muy importante" es que la ley de CPPP fue aprobada por unanimidad. "Otra es que aquella ley (de 1992) apuntaba a transferir parte de empresas del Estado al sector privado y esta ley apunta a financiar obras que hoy no existen". La última diferencia que marcó es que ahora "la izquierda lidera" la ley.

En tanto, Apezteguía afirmó que "la diferencia es abismal" porque con la ley de CPPP "no se puede vender ni una hoja A4 del patrimonio del Estado" y por eso esta "tiene unanimidad y la otra no la tuvo".