Representativo

María Julia Pou

El tema de la inseguridad que sufren los ciudadanos de nuestro país no es nuevo. Es un tema recurrente hasta el hartazgo que preocupa en forma creciente a la población. Repasando un poco la historia reciente, fue el senador Dardo Ortiz quien en la primera legislatura luego de la dictadura, propuso bajar la edad de imputabilidad pero el proyecto no llegó a tratarse en el Parlamento. Fue en el siguiente período legislativo, que el diputado Martín Sturla volvió sobre lo mismo y terminó con idéntico destino que el anterior intento. Más recientemente, se ha reiterado dicha presentación. Debemos rescatar del proyecto de aquel gran ciudadano que fue Dardo Ortiz, un detalle de mucha importancia en la fijación del límite de edad, que hoy se ve reflejado en el proyecto de reforma constitucional que estamos firmando. Este matiz refiere a que la baja a 16 años no es a rajatabla, sino que el magistrado actuante podrá, en cada caso, determinar el grado de madurez de quien ha cometido el presunto delito.

Ninguno de los proyectos al Parlamento llegó al plenario para su votación. Con estos datos pretendemos señalar una grave omisión de quienes ejercen los cargos parlamentarios en representación de sus votantes. El sistema que nos gobierna cumple su misión en la medida en que, para estos temas principales, todos podamos tener la oportunidad de ver claramente qué hace cada representante con el mandato que oportunamente le dimos. Todos tenemos derecho a que se llegue al punto más alto de las decisiones, que es aquel en el cual se aprueba o no una iniciativa. Esquivar esta decisión estacionando en las comisiones estos proyectos sin que lleguen al plenario, es debilitar el gobierno representativo, es escamotear al electorado la oportunidad de aprobar o no lo que hace su representante.

Esta es una de las razones por las cuales muchos miles de ciudadanos estamos firmando una iniciativa de reforma constitucional, la falta de una expresión auténtica del Poder Legislativo. No es esta la primera vez que se utiliza el mecanismo de reforma constitucional como camino subsidiario al de la ley o aun al de las decisiones del Poder Ejecutivo. Recordemos que en 1989, junto con las elecciones generales fuimos convocados a decir si o no a una mecánica constitucional de fijación de los aumentos jubilatorios. Por supuesto que el camino idóneo, exacto, desde el punto de vista de los instrumentos jurídicos era o la ley o el decreto, pero ante la ausencia de decisión en temas que a la gente le importan, es legítimo que los ciudadanos recurran a otras armas dentro del arsenal institucional. Aún estamos a tiempo para que el gobierno representativo retome sus responsabilidades y fortalezca su prestigio.

Bastaría con acordar una sesión especial de cualquiera de las ramas parlamentarias para tratar concretamente un texto sobre la baja de edad de imputabilidad, como para que los votos claramente expresados, digan a la opinión qué piensa cada legislador en esta materia. Es legítimo opinar y discutir sobre el tema en los medios, pero a las opiniones debe seguir el voto concreto y claro a favor o en contra de las soluciones propuestas.