Publicidad oficial

Antonio Mercader

José Mujica, preocupado por la forma en que los medios de comunicación informan sobre los delitos, los acusa de excederse en "difundir la desgracias que nos pasan en la calle" y de carecer de "la más mínima fuerza" para "contribuir en la formación de valores en nuestra sociedad".

Así, el presidente reabre el capítulo de la "sensación térmica" según el cual la prensa, con una cobertura desmesurada de las noticias policiales, azuza la alarma ciudadana ante la inseguridad.

En la administración Vázquez tanto se insistió en ello que la gente terminó por tomarse a la chacota lo de la "sensación térmica" al punto que, hasta su ministra del Interior, Daisy Tourné, juró y perjuró que nunca había hablado de tal sensación.

Aunque son comprensibles los desvelos de Mujica por la inseguridad, su acometida contra los medios no preanuncia nada bueno. Sobre todo si se la vincula con su reunión del viernes pasado con los directores de las empresas estatales a quienes les comunicó que la publicidad oficial es una "herramienta" del Estado que puede ayudar a combatir el crimen, afirmación que dejó perplejo a más de uno.

Mujica no aclaró de qué manera la publicidad oficial puede cooperar en el combate al delito aunque cabe suponer que el presidente evalúa la posibilidad de usar la inversión publicitaria oficial para inducir a los medios a bajarle el volumen a la crónica roja.

Y aunque no se conocen sus planes definitivos hay indicios inquietantes de que se apunta a establecer un sistema de castigos y recompensas con el uso de los fondos públicos.

Entre esos indicios están los reproches del presidente a los medios en su programa radial de la semana pasada en donde les recriminó su indiferencia en materia de valores, una diatriba hecha al barrer que resulta a todas luces injusta.

Los voceó en la radio y se los repitió a los jerarcas de las empresas públicas que salieron convencidos de que el presidente desea involucrarlos en la lucha contra el delito.

En este punto habría que recordarle a Mujica que la publicidad estatal existe para servir a los intereses específicos de los entes estatales, en particular a aquellos que actúan en competencia con el sector privado. Desviar su curso de acción para intentar incidir en la tarea de los medios de comunicación sería una política inconveniente y atentatoria contra la libertad de expresión.

Intentos de esta naturaleza han ocurrido en el pasado y, digamos la verdad, no sólo bajo los gobiernos del Frente Amplio, aunque a gente de este partido le cupo el dudoso mérito de haber enunciado en público la doctrina de "premiar a los medios que nos ponderan y castigar a los que nos censuran", tal como lo hizo el jefe de prensa de una empresa estatal del anterior gobierno.

Con estos antecedentes hay derecho a preguntar si lo que se prepara es una política de manipulación de la publicidad estatal.

Ojalá que no porque de ser así Uruguay entraría en la ominosa lista de países latinoamericanos cuyos gobiernos procuran presionar a los medios con tan torpes "herramientas".