La "guerra fría" sigue sin tregua

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por Martín Aguirre

Como si el fútbol no fuera suficiente, la rivalidad entre Uruguay y Argentina dio esta semana dos pruebas contundentes de que sigue muy saludable. Esto pese a los continuos gestos y amabilidades con los que el presidente José Mujica ha intentado ablandar la rigidez de una relación que, desde el choque por la instalación de Botnia, viene marcando el vínculo entre los dos países del Río de la Plata.

El jueves, El País informaba que los primeros indicios de los estudios sobre la calidad del agua del río compartido estarían mostrando que la instalación de la planta no afectó negativamente el equilibrio ambiental de la zona. Pero esa noticia, que debería llevar calma y alegría a ambos países, se vio opacada por las declaraciones del presidente argentino de la CARU, Hernán Orduna, quien volvió a señalar que el objetivo del monitoreo a la planta es "lograr su relocalización". Palabras que generaron enojo en Uruguay, ya que tras la sentencia favorable en La Haya, e indicios positivos en los estudios, no parece que haya razones para insistir con una idea tan radical como impracticable.

Pero la cosa no quedó allí. Al día siguiente, operadores marítimos y oficiales de la zona denunciaban el acoso al que se está viendo sometido el puerto de Nueva Palmira por parte de funcionarios argentinos, con el nada disimulado objetivo de "estrangular" su operativa. Una operativa que viene creciendo de manera espectacular en los últimos años y que ha cambiado la cara de esa zona del país.

Las demoras injustificables en iniciar el dragado del canal Martín García, que sirve a nuestros puertos litoraleños, que debe ser acordado por ambos países, y que Argentina viene demorando en beneficio de su canal propio, el Mitre, es el principal problema que enfrenta Nueva Palmira. Pero no el único. A esto se han sumado medidas administrativas que viene tomando el vecino país, como el aumento de las exigencias aduaneras, el cambio de reglas en materia de convoyes de barcazas que aumentan el costo de los fletes, o la negativa de la CARU a aprobar todo proyecto de inversión que beneficie a Uruguay. Sin mencionar el hostigamiento de parte de autoridades navales argentinas sobre los buques que operan en nuestra costa.

Si la metodología es inaceptable, la inquietud de los vecinos tiene fundamento. Las cargas que maneja Nueva Palmira vienen creciendo sin freno en los últimos años: pasaron de 3.131.979 toneladas en 2009 a 4.264.388 toneladas en 2010. Más de la mitad de las mismas son mercaderías en tránsito, en su mayoría de origen argentino, y que prefieren utilizar los servicios del puerto uruguayo por ser estos menos burocráticos y más eficientes. Esta situación no ocurre sólo en Nueva Palmira.

En los últimos años el Puerto de Montevideo también ha crecido en forma trascendente, y en gran medida funcionando como puerta para mercaderías que entran o salen de Argentina. Un artículo reciente publicado en el diario La Nación afirmaba que la competencia uruguaya costaba más de 3 mil puestos de trabajo sólo en Buenos Aires. Más allá del realismo de estas cifras, el hecho es que los puertos uruguayos se han beneficiado por las medidas liberalizadoras incluidas en la reforma de 1992, que los han hecho más eficientes, más rápidos, y les permiten contar con un régimen de zonas francas que es un atractivo vital para las empresas del ramo. Esto sin mencionar las claras ventajas geográficas que la naturaleza brinda a las terminales del lado oriental de los ríos compartidos.

Lo extraño es que siendo socios en una entidad como el Mercosur, en vez de aprovechar las ventajas uruguayas para beneficiar sus saturados puertos, o de imitar algunas de las medidas que han probado ser exitosas aquí, Argentina recurra a políticas de presión tan poco amigables. Aunque la continua deformación de las reglas comerciales intrabloque que ha impulsado Argentina, incorporando trabas al ingreso de productos desde países socios, generando perjuicios millonarios a Uruguay, parece señalar que ese camino no es el favorito para los actuales gobernantes del país vecino. Estos además han hostigado en forma permanente a nuestro sistema judicial y tributario, con la obsesión por alcanzar los capitales que recalan en Uruguay para evitar la presión fiscal argentina. Al punto que jerarcas de la AFIP (entidad semejante a nuestra DGI) han llegado a acusar a nuestra Justicia de poner trabas a la lucha contra el narcotráfico.

Este panorama es bien conocido por el presidente Mujica. Es así que el mandatario tiene planificado desde hace semanas una visita a su colega Cristina Kirchner para buscar destrabar este y otros problemas que afectan nuestra relación, como el energético, donde Argentina no permite la llegada de electricidad paraguaya a través de sus tendidos, y donde sigue en espera el anunciado proyecto de instalar una planta regasificadora en conjunto. El gran problema es que hasta ahora, todas las soluciones que ha conseguido Mujica se han basado en ese vínculo personal con la jerarca argentina, y por fuera de toda la institucionalidad vigente. Lo cual puede representar una solución en un momento puntual, pero no da confianza a operadores e inversores, por falta de reglas claras y predeterminadas.

En defensa de Mujica vale decir que la relación con Argentina es extremadamente delicada, por la infinidad de aspectos que ella involucra, en los cuales Uruguay siempre es la parte más débil y la que tiene más para perder. Por lo cual esta "guerra fría" que tiene lugar desde hace ya unos cuantos años, no parece que se vaya a descongelar a corto plazo.

"Hola Pepe, quiero agradecerte el inmenso gesto que tuviste de impedir que un buque inglés pudiera aprovisionarse en puertos uruguayos". (Cristina Fernández)

El dato.

La profundización del dragado del canal Martín García a 36 pies fue acordada por la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) en 2006, pero sigue sin realizarse.