El gran perjuicio que las últimas administraciones frentistas están causando al país no se encuentra tanto en sus acciones u omisiones, sino en el deterioro que están generando en las instituciones. Esa actitud puede pasar más o menos inadvertida para algunos, pero en las nuevas generaciones el daño puede causar un efecto irreversible, ya que estamos lanzando hacia el futuro personas descreídas, que presumirán que todo vale y que no van a estar bien preparadas para asumir en el futuro los responsabilidades que su tiempo les presente.
Esa comprobación es lamentable en un 18 de julio, día en que la República se puso en marcha hace ciento ochenta y dos años y en que los ciudadanos juraron "respetar, obedecer y defender las autoridades que fuesen nombradas" y "obedecer y cumplir las leyes, decretos y resoluciones que dicte el Cuerpo Legislativo", (de acuerdo a lo requerido por nuestros Padres Fundadores), y mucho más lamentable aún cuando generaciones y generaciones de orientales, -al decir de Borges-, lograron convertir este casi insular pedazo de tierra en un hermoso lugar para vivir.
El error de muchos dirigentes políticos -que se ha visto acentuado en los últimos años-, es el de creer que el país nació con ellos, olvidando que es el paciente fruto de un esfuerzo que todos, (especialmente de blancos y colorados) lograron concretar a lo largo de ciento setenta años, creando la imagen de un país y de unas instituciones que en su momento fueron motivo de orgullo y de ejemplo y que hoy son apenas una mala copia de aquel original.
Varios casos de ese deterioro han sido proporcionados en los últimos días, y aunque parezcan intrascendentes, conviene rescatarlas del olvido para que los mayores los tengan presente, los responsables se avergüencen de ellos y los jóvenes no crean que ese es el verdadero Uruguay. En ese sentido, deben considerarse como malos ejemplos la actitud de un legislador del Frente Amplio que irrumpió a último momento en la sesión de una Comisión Parlamentaria donde ya se había resuelto considerar como inaceptable la gestión de una ministra y que logró dejarla sin efecto, votando a favor, sin haber estado presente en las discusiones previas ni conocer los argumentos que se formularan para censurarla.
En los mismos días, otros trascendidos dieron cuenta que la Mesa Política del Frente Amplio, iba a solicitar una audiencia al Presidente de la República para que intercediera en los problemas internos que el Partido Comunista había creado a esa fuerza política con motivo de la discusión de la ley de Participación Público Privada, en lo que debe considerarse como una indiscutible actividad política que la Constitución le prohíbe expresamente a un Presidente. Y en esa misma violación insistieron el jueves pasado cuando el Presidente terminó recibiendo a unos diputados que se retiraron satisfechos por la gestión cumplida.
No fue de menor entidad, la actitud de una legisladora que se retiró de sala en momentos en que se llevaba a cabo una interpelación, invocando públicamente que debía ir a atender a sus hijos -lo que pone de manifiesto que será muy buena madre pero que es a la vez muy mala representante de la ciudadanía-, ni la de quien solicitó una sugestiva licencia para que lo sustituyera un bien mandado suplente. O la que adoptara toda la bancada del Frente Amplio pidiendo una interrupción por dos horas de la sesión, para evitar que se adelantara en los informativos de televisión lo que iban a votar, contrariando la voluntad de sus "bases" políticas.
Todo esto alcanzó su punto más alto cuando la Intendenta de Montevideo, anunció que no concurriría a la Junta, donde fuera convocada, sino que enviaría un subordinado, ignorando el artículo 285 de la Carta donde se establece que quien debe comparecer es el "Intendente". En todos estos casos, lo que más se deteriora es la imagen de la Institución y esa debería ser, en una democracia real lo primero que se debería defender.