Primeros llamados bajo la nueva ley de obras: 2.000 km de rutas

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PABLO MELÉNDREZ

El gobierno lanzó tres llamados para evaluar la factibilidad de realizar obras con privados en seis corredores viales que abarcan más de 2.000 kilómetros. Otros proyectos en base a la ley de PPP están más avanzados y se licitarán antes de fin de año.

La ley de Participación Público Privada (PPP), que se votó el martes 12 en la Cámara de Diputados y así completó el trámite parlamentario, era muy esperada a nivel oficial, porque se estima que será clave para mejorar varios aspectos de la infraestructura del Uruguay.

En particular, la ley -que generó discrepancias en la interna del Frente Amplio, sobre todo de parte del Partido Comunista- será utilizada para mejorar las rutas nacionales, muchas de las cuales se encuentran en muy mal estado.

Solo un día después de aprobada la ley de PPP, la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) habilitó tres llamados para interesados en evaluar la factibilidad de obras en seis corredores viales, que en total suman más de 2.000 kilómetros de carretera (ver infografía).

Los llamados son para evaluar trabajos en los corredores viales de la rutas 26 y 3 norte; rutas 31 y 4; rutas 6 y 7; rutas 13,14 y 15 y rutas 26 y 18; rutas 3 y 2,12 y 23; y rutas 5 y 14.

El llamado es para interesados en realizar estudios de consultoría sobre "la factibilidad técnica, financiera, socioeconómica y ambiental" de las futuras obras en esas rutas.

AVANZADAS. Si bien formalmente estas convocatorias de la CND son las primeras que se realizan con la ley de PPP vigente, el organismo ya viene trabajando en otros proyectos que están más adelantados y sobre los cuales se espera poder licitar las obras antes de fin de año, dijo a El País el director del organismo, Rodrigo Goñi, delegado del Partido Nacional.

En esa condición se encuentra, por ejemplo, el corredor vial de las rutas 21 y 24 (que se utiliza principalmente para el transporte de cereales) y la iniciativa para construir un centro de convenciones en el departamento de Maldonado.

De la misma manera, la CND y el Ministerio del Interior ya avanzaron sobre el proyecto para construir y gestionar en acuerdo con un inversor privado una nueva cárcel en Punta de Rieles (ver nota aparte).

Goñi aclaró que más allá de que la CND ya estuviera trabajando en estos proyectos antes de la aprobación de la ley, eso no implica que la legislación se aplique en todos los casos.

"Que exista este nuevo marco legal no significa que todas las obras de infraestructura van a ser desarrolladas por este sistema. En las experiencias internacionales no superan el 50%", señaló el jerarca.

Según el director de la CND, el organismo, que además de los proyectos mixtos trabaja en otras iniciativas solamente estatales, ya no tendría capacidad de analizar nuevas propuestas por este año, pero aclaró que "siempre se deja espacio para obras de urgencia".

consultorías. En el llamado para evaluar la factibilidad de las obras viales, se señala que podrán presentarse consultoras uruguayas o extranjeras. Pero no podrán postularse empresas en las que figuren como titulares o como miembros de su equipo funcionarios o directores de la CND o la Corporación Vial del Uruguay.

Según lo que explica el llamado de la CND, las consultoras que resulten seleccionadas deberán evaluar las condiciones existentes en cada zona, "en particular las relacionadas con el potencial productivo, los servicios de transporte y el nivel de vida de los pobladores".

En ese marco, se deberán evaluar "las alternativas técnicas recomendadas para la rehabilitación y/o mejoramiento de los tramos involucrados, indicando con precisión las obras accesorias que deberán realizarse para llevar adelante la concesión".

A su vez, la firma tendrá que identificar "los posibles costos y beneficios directos e indirectos que se generarían como consecuencia del proyecto, en un horizonte de 25 años".

Además, la consultora tendrá que evaluar "los pagos que deberá realizar el Estado para obtener la tasa de rentabilidad para el inversionista acorde a los riesgos asumidos". Y, según el caso, la firma contratada tendrá que evaluar "los potenciales ingresos por cobro de peaje", explica la CND.

El equipo de técnicos que redactó la ley de Participación Público Privada (PPP) ya trabaja en la reglamentación de la norma, que culminó el trámite parlamentario el martes 12, cuando fue aprobada por el plenario de la Cámara de Diputados.

En la elaboración del decreto reglamentario trabajan expertos del Ministerio de Economía y especialistas privados contratados por el Estado, entre ellos, los abogados Daniel Rueda y Adrián Gutiérrez, socios del estudio Rueda, Abadi y Pereira, quienes también participaron en la elaboración del proyecto de ley.

Gutiérrez explicó que la norma deja en manos del decreto reglamentario "varios aspectos" del mecanismo de contratación que deberán ser regulados. Por ejemplo, una de los aspectos que están planteados es establecer que el Estado será el responsable de elaborar los pliegos licitatorios, salvo casos de "excepcional complejidad".

Según dijo Gutiérrez a El País, la intención es que el Estado "no llame a los privados para la elaboración de los pliegos de cualquier proyecto, sino que esa opción se utilice en casos puntuales".

Por otro lado, el abogado indicó que en el decreto reglamentario se deberá regular la integración y funcionamiento de la Unidad de Proyectos de Participación Público Privada, que la ley crea como responsable de centralizar las iniciativas.

El intendente Wilson Ezquerra dijo a El País que tiene pensado usar la ley de Participación Público Privada para varios proyectos en su departamento. Uno de los más importantes es la construcción de un puente sobre la avenida Paul Harris, que permitiría establecer una doble vía para unir el centro de la ciudad con el barrio López y también una mejor salida hacia el noroeste por la ruta N°5. A su vez, informó que hay una iniciativa conjunta con la Dirección General de Casinos donde "hay tres proyectos para instalar hoteles de cuatro y cinco estrellas para lo que serán grandes inversiones".

Río Negro

Una de las principales iniciativas del intendente Omar Lafluf es construir un polo industrial en el predio donde en su momento la empresa española Ence proyectó instalar su planta procesadora de celulosa. La intención es desarrollar el emprendimiento en el marco de la nueva ley porque "indudablemente le daría un mayor impulso a la iniciativa de acelerar un polo industrial en un enclave por donde pasa el 65% de la producción de granos del país", indicó Lafluf.

FLORIDA

Mejoras en la caminería departamental, obras logísticas para atraer inversiones y obras para mejorar la infraestructura de AFE, son algunos de los planes que tiene en carpeta el intendente Carlos Enciso. "Lo veo muy favorable porque creo que es la solución, en algunos aspectos, a la falta de recursos del Estado a nivel general y de gobierno local", aseguró Enciso a El País.

Canelones

La administración de Marcos Carámbula no tiene, por el momento, proyectos definidos. Pero la geografía y la cantidad de personas que viven en el departamento, harán que las iniciativas que puedan plantearse estén relacionadas a la mejora de calles y pluviales, fundamentalmente en la zona de la Ciudad de la Costa, según explicó a El País el intendente interino, Yamandú Orsi.