Estado protegerá a embarazadas y derecho a la vida

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Legisladores de todos los partidos políticos firmaron un proyecto de ley para dar protección a la mujer gestante que esté decidida a tener su hijo, cobertura que se materializará poniendo los medios estatales necesarios en lo social, educativo y sanitario que sean adecuados para los dos.

La iniciativa, presentada ayer por el diputado nacionalista Jaime Trobo, quien invitó a firmarla a diputados blancos, colorados, independientes y frenteamplistas, apunta a adoptar un conjunto de medidas de carácter socioeconómico en beneficio de esas mujeres, preferentemente aquellas que por encontrarse en riesgo de exclusión social, ser menores de edad o tener alguna discapacidad, necesitan de apoyo para ejercer la maternidad.

Un número de teléfono gratuito e información a través de Internet contribuirán a cubrir el derecho a la información que tienen las mujeres gestantes, establece el proyecto de ley.

En la iniciativa se procura brindar mecanismos para dar una respuesta eficaz a aquellas situaciones donde haya impedimentos para el ejercicio de la crianza, bajo el principio, reconocido por el Derecho, de supremacía del interés del menor.

En tal sentido, mediante una norma concreta se fomenta la creación de redes de voluntariado -al tiempo que se abonan las existentes- para dar apoyo a las mujeres gestantes que se asistan durante el embarazo y durante los primeros meses luego del nacimiento.

Un artículo del proyecto de ley establece la configuración del marco jurídico de actuación del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en esta materia.

DERECHO A LA VIDA. Se establece a texto expreso que la ley consagrará el derecho a la vida desde la concepción, propiciando el establecimiento de los medios en lo social, jurídico, educativo, sanitario o asistencial que permitan conseguir esa finalidad.

Además, se prevé crear equipos itinerantes de apoyo en los centros de atención a la maternidad que tendrán como finalidad difundir entre las mujeres gestantes información personal y detallada sobre los recursos de protección social existentes de ámbito estatal y departamental, tanto públicos como privados, que sean adecuados y, en especial, sobre las ayudas a la maternidad, y apoyos a la reinserción laboral después del embarazo.