ROCHA | EDUARDO GONZÁLEZ
En un intento por detener la demolición de decenas de viviendas en Punta del Diablo, el abogado Pedro Algorta, en representación de 57 vecinos de la localidad, presentó un recurso de reposición ante la comuna.
El asesor legal adujo que no existe por parte de la Intendencia de Rocha un relevamiento de los afectados, "citándose a casas y no a ciudadanos". Algorta sostuvo que "tampoco se invoca un fin superior que justifique la demolición", aspecto que a su juicio debe explicitarse en el decreto municipal.
"No sabemos en qué lugares tiene injerencia la Intendencia Departamental y en cuáles no, dado que en algunos lugares la competencia pertenece al Estado, concretamente al Ministerio de Vivienda, y en otros casos a particulares, algunos de ellos podrían tener derecho a prescribir los terrenos", adujo Algorta.
El abogado defendió, asimismo, la existencia de los clásicos "ranchos" de la localidad. "Los ranchos de Punta del Diablo han sido los motores de un desarrollo turístico y de valores inmobiliarios sin precedentes", argumentó el abogado que cuestiona el proceder oficial.
La Intendencia de Rocha anunció su intención de demoler 73 viviendas del balneario en el marco de un plan de excelencia. Ello ha dado lugar a una creciente tensión entre los pobladores de Punta del Diablo.
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