GUSTAVO PENADÉS
El Poder Judicial… tenemos que aprender a entenderlo como un poder político del Estado, y no una suerte de poder autónomo", afirmó la senadora Constanza Moreira, según El País del 30 de junio pasado.
"La famosa autonomía de poderes no coloca a los tres en situación de igualdad", el Ejecutivo "es el que manda", sería otra de las opiniones vertidas por Moreira en una exposición, el martes 28, en el Partido Socialista.
"El Poder Judicial escucha bastante y absorbe bastante del ánimo político del contexto en el que está actuando", habría dicho también. Estas opiniones de la Senadora Moreira requieren nuestro más firme rechazo, en un doble sentido.
Respecto del deber ser de las cosas, porque la separación de Poderes constituye la piedra angular del Estado de Derecho, junto al reconocimiento constitucional de los derechos individuales fundamentales.
A partir Aristóteles y para dotar al individuo de los mayores niveles de libertad y respeto de la persona humana, hasta Locke en Inglaterra, los Padres Fundadores en la Revolución Norteamericana, y Montesquieu, como inspirador de la francesa, los hombres han luchado por establecer formas de convivencia que hagan que el Estado exista para proteger a cada uno contra los otros -sacrificando parte de su libertad para no ser afectados en sus derechos a la vida, la integridad, y la propiedad- pero sin que el propio Estado pueda cercenar la Libertad mediante el poder otorgado por la colectividad.
Este largo combate en contra de la opresión, culminó con la constitución del Estado Liberal, con el reconocimiento constitucional de los derechos fundamentales del individuo y con la estructura del Estado en tres Poderes separados, sin que ninguno predomine entre ellos.
A no ser que no esté de acuerdo con estos principios, la senadora Constanza Moreira, que es una de las figuras más ilustradas del Frente Amplio en estas materias, no puede desconocerlos ni eludirlos, en el plano del ideal.
Y, si la Senadora hacía una descripción del funcionamiento de los tres Poderes del Estado en el plano del ser, de su funcionamiento en la realidad de nuestro país, igualmente debemos rechazar sus expresiones.
Si bien es cierto que por el mecanismo de selección de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia y de los Tribunales de Apelaciones que ha adoptado el Uruguay, y por la falta de autonomía presupuestal del Poder Judicial, éste depende, de hecho, del Legislativo y el Ejecutivo, esa dependencia relativa siempre fue superada por la enorme dignidad con que se desempeñaron los Magistrados judiciales, una vez designados por el poder político, lo que los puso a resguardo de toda presión que pudieran sufrir.
Moreira debe referirse a las presiones del gobierno del conglomerado frentista que integra, cuando afirma que "…es el Poder Ejecutivo el que manda…" y que el Poder Judicial "…escucha bastante y absorbe bastante del ánimo político del contexto en el que está actuando".
La palabra para rechazar estas apreciaciones la tienen las máximas autoridades del Poder Judicial, que merecen todo nuestro apoyo y no requieren de nuestra tercería para hacerlo.