El pastor mentiroso

En una vieja fábula de Esopo (que después recogiera Félix Samaniego y también Dalmiro Sáenz en una novela) que llevan el mismo título que este editorial, se cuenta el caso de un pastor que apacentaba sus ovejas y que muchas veces pedía socorro a los labradores que trabajaban en los campos vecinos, gritando que había un lobo y cuando acudían comprobaban que no era verdad. Un día, el lobo llegó realmente, el pastor volvió a gritar, nadie le hizo caso y el lobo se comió todas las ovejas. "Cuantas veces resulta de un engaño/ contra el engañador el mejor daño" como dice Samaniego, de donde se concluye que al que desconoce su propio pasado nadie le puede creer cuando lo quiere repetir en el futuro.

Algo parecido le está por suceder al Frente Amplio, con un anunciado proyecto de consulta popular. No es ocioso recordar en ese sentido y como un antecedente, que el 5 de enero de 1987 decidió apoyar el plebiscito para derogar la ley de caducidad y luego de un proceso largo y tedioso, (donde una de las jornadas inolvidables sigue siendo para algunos, el programa televisivo en el que Wilson Ferreira le preguntó al General Seregni si era verdad que él había propuesto postergar por un año cualquier acción contra los militares y el General se movió nervioso en su silla sin negar concretamente esa posibilidad) el resultado fue de 1.008.925 ciudadanos votando por confirmarla y sólo 770.221 por derogarla. Esa misma voluntad se mantuvo en el 2009 cuando el mismo Frente promoviera un plebiscito para anular la Ley que fuera otra vez rechazado por la ciudadanía. Uno de los saldos que dejó ese propósito es que el Frente no es nada respetuoso del resultado de las consultas populares, ya que no reconoce ni aún ante iniciativas que él mismo acompañara. Hacemos gracia, por ahora, de otro disparatado argumento que formulara el expresidente Vázquez cuando se refirió despectivamente a las mayorías tratando de quitarles trascendencia en un régimen democrático.

Parece por lo tanto una broma de mal gusto que el mismo Partido e incluso los mismos protagonistas que han jugado a las marchas y contramarchas con la voluntad del ciudadano manifestada en una consulta popular, hayan propuesto ahora recurrir precisamente a una consulta popular para laudar temas tan polémicos como lo es la instalación de la minera Aratirí. Cada cual podrá tener la opinión que le parezca sobre el asunto, pero que el gobierno pretenda sacarse el lazo de su obligación de resolverlo recurriendo a una consulta popular, que quién sabe si respetan, parece una tomadura de pelo. Los campeones del desconocimiento de las consultas se presentan ahora como unos promotores e inocentes defensores del procedimiento. Sólo quien no los conozca puede tomarlos en serio. A todo esto se agrega que el sarpullido consultivo aparentemente no se limitaría a las cuestiones de minería sino que podría extenderse a otros temas tan concretos como la despenalización del aborto e incluso el desarrollo del ferrocarril, o tan amplios como "ayudar a la producción" o aplicarlo a "temas de importancia en la eventualidad de no encontrar los caminos formales para un acuerdo", prodigándose en un manoseo que, por la forma en que se lo está gestando, estaría además formalmente viciado de una constitucionalidad muy discutible.

A esa falta de credibilidad en lo que tiene que ver con del respeto de los pronunciamientos populares se agregan otros no menos importantes, como lo es el costo de esas aventuras electorales y la imagen que se crea del país ante los inversores. Estamos ante un gobierno que dice no tener recursos para solucionar los problemas de caminería y que quiere vender costas para obtenerlos, pero que no vacila en largarse a este tipo de costosas aventuras. Ante un gobierno que pretende atraer inversores pero tampoco duda en cambiarles las reglas de juego en una parte del camino, creando otro peligroso precedente. Y un gobierno que, votado para gobernar, quiere transferirle a la ciudadanía la resolución de temas que él mismo debería asumir. Al país le sigue haciendo falta quien lo dirija.