Frenan exoneraciones tras hallar irregularidades

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ANDRÉS LÓPEZ REILLY

La Comisión de Hacienda de la Junta Departamental, que tiene a su cargo las exoneraciones de tributos a inmuebles y automóviles (de embajadas y templos religiosos, entre otros) tiene 45 expedientes "trancados" y lleva prácticamente un mes sin reunirse. El motivo, es un informe de un abogado municipal que señala que la colocación de adhesivos a los bienes exonerados -una iniciativa que impulsa la propia intendenta Ana Olivera- representa una regulación sobre un derecho constitucional, lo cual excede la potestad de los ediles.

Por este motivo, los legisladores del oficialismo resolvieron no aprobar más exoneraciones hasta tanto el tema se dilucide jurídicamente.

"Se busca darle mayor control social a las exoneraciones, que son muchísimas", aclaró a El País el edil del Frente Amplio Pablo González.

Se estima que Montevideo otorga, anualmente, exoneraciones de Contribución y Patente equivalentes a US$ 4 millones. González explicó que los ediles deben supervisar estas exoneraciones y reveló la constatación de al menos dos irregularidades.

"Estamos estudiando todos los expedientes y nos tomamos nuestro tiempo, porque hace pocos días descubrimos por ejemplo que se estaba exonerando un terreno baldío en el barrio La Paloma del Cerro de una iglesia que decía que allí había un campo deportivo. En otro caso, se decía que había un comedor y había un edificio de viviendas", informó.

En tanto, el edil nacionalista Juan Curbelo dijo a El País que la reglamentación para colocar stickers en bienes exonerados es "absolutamente inconstitucional". "De ninguna manera podemos reglamentar individualizando bienes que están exonerados constitucionalmente", puntualizó Curbelo.

ENCONTRADOS. Según supo El País, el informe desaconsejando la inclusión de los stickers fue elaborado por un abogado de Recursos Financieros de la comuna, en tanto ahora se aguarda un pronunciamiento de la División Jurídica.

En caso que Jurídica se pronuncie en contrario, nuevamente ambas divisiones municipales quedarían enfrentadas como ocurrió durante la discusión del Presupuesto de Montevideo en la Junta, cuando Recursos Financieros pretendió incluir un artículo para que los complejos habitacionales paguen Contribución.