Oposición defiende la labor de Garcé

La oposición tiene dudas y está cerca de no acompañar un proyecto de ley por el que se implementa el funcionamiento del Instituto de los Derechos Humanos, el cual ya había sido creado en la Legislatura anterior.

Este instituto, que tendrá un total de 41 funcionarios, trabajará bajo la órbita del Poder Legislativo con el objetivo de "la defensa, promoción y protección" de los derechos humanos "en toda su extensión". Sin embargo, sus resoluciones tendrán carácter de recomendaciones y, consecuentemente, "no podrán modificar ni anular actos administrativos o jurisdiccionales", según establece la iniciativa.

El nuevo organismo contará con un directorio integrado por cinco personas, con un sueldo nominal de $ 81.750 cada uno, veinte cargos administrativos, tres técnicos y diez funcionarios obtenidos como pase "en comisión" de otras dependencias del Estado.

En estos días, el proyecto de reglamentación del Instituto será considerado por la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes y en julio será votado por el plenario.

En la oposición crece la idea de que este tipo de organismos debe tener el máximo apoyo político.

Sin embargo, en su propio articulado se encuentra el principal aspecto que se le objeta a la iniciativa: uno de los artículos de la iniciativa establece la supresión del cargo de Comisionado parlamentario para el sistema carcelario y dispone que todas sus funciones pasen a ser desempeñadas por este nuevo Instituto, algo con lo cual la oposición no coincide y que provocaría la negativa a acompañar la iniciativa.

"Eso desnaturaliza el Instituto", dijo a El País el diputado Jorge Gandini (Alianza Nacional). "Es un error modificar una cosa que anda bien. Han sido muchos los experimentos que se han hecho y éste ha dado resultados", subrayó el legislador.

La función del Comisionado parlamentario se instituyó luego de una larga discusión parlamentaria, y finalmente fue creado.

"Funciona muy bien. El Comisionado (Álvaro Garcé) tiene equipo, experiencia, ha desarrollado credibilidad en el sistema judicial, en la Policía, y en los propios reclusos. Sustituir esto por un colegiado que va a ser electo por su trayectoria en derechos humanos pero no por su aptitud para gestionar los derechos de reclusos de una población carcelaria muy complicada, puede llegar a entorpecer ambas situaciones: perder algo que funciona bien y distorsionar el funcionamiento del Instituto", reflexionó el legislador.

Otro de los miembros de la comisión de Derechos Humanos de Diputados, el nacionalista Gonzalo Novales, aseguró que este organismo que se va a instrumentar "no es necesario" y que supone "un reparto de cargos".