Leyes aguadas

Julia Rodriguez Larreta

A las cansadas, de manera paulatina, se han votado en estos días en la Cámara de Representantes, ciertas leyes vinculadas con los menores y la seguridad, como parte de un inédito acuerdo con la oposición. Algo bastante fuera de lo común ya que el oficialismo se acostumbró, ya en el período pasado, a imponer rigurosamente su mayoría, sin ningún miramiento para con las opiniones o iniciativas emanadas desde fuera de la coalición gobernante. Y en alguna ocasión inclusive, sin pudor alguno, apropiándose del proyecto ajeno, aplicando un cambio de maquillaje. Cuatro fueron las futuras leyes que salieron de Diputados después de más de noventa días de conversaciones, como si la situación de inseguridad en la que vive la población uruguaya a manos de los infanto juveniles, a lo que se suma la actividad de los criminales mayores de edad, no tuviera una urgencia perentoria. Y seguramente, gracias a que se había puesto como fecha límite el 31 de mayo, más o menos respetada, porque si no el riesgo de que nunca se concretara lo conversado era muy grande. Pero el característico atavismo de la izquierda, sus trabas ideológicas respecto del dilema de la represión, aguaron de manera lamentable, como se verá, el contenido de las varias propuestas del Partido Nacional, pensadas para enfrentar con más eficacia el flagelo de los menores delincuentes.

1° Extensión del plazo para dictar sentencia, de 60 a 90 días. Este proyecto fue el único que se votó unánimemente y la verdad es que no era para menos. Nació a partir de lo ocurrido con el adolescente apodado "El Pelón", quien asesinó a un repartidor de cigarrillos este enero. Había sido acusado de un homicidio cometido en el mes de octubre, pero estaba en libertad porque según explico el juez, no había podido dictar sentencia a tiempo pues el informe del INAU se había demorado. Además, el mismo joven, en junio de 2010, había sido llevado ante la justicia por estar implicado en otra muerte, quedando luego en régimen de semilibertad.

2° Se aprueba penar la tentativa de hurto de menores. En la reforma del Código de la Niñez y la Adolescencia de 2004 se despenalizó la tentativa, por más que entendidos en la materia como el Dr. Daniel Sayagués Laso, Defensor de Oficio de Menores, hicieron notar el error que se cometía. En el 2008, el Ejecutivo envió un proyecto que apuntaba a hacerle ciertas mejoras al CNA, pero la senadora Percovich consiguió que le votaran el articulado presentado por ella, que establecía como delito "las acciones u omisiones dolosas consumadas". Por ejemplo, si un joven le mete la mano en la cartera a una mujer pero no logra robarle la billetera o lo que fuera, hoy no es considerado delito. A iniciativa del Partido Nacional, con el acompañamiento del Colorado y el Independiente, se propuso que en caso de reincidencia, los menores que cometan tentativa o complicidad en un hurto, puedan ser internados por el Juez en un establecimiento para menores. Sin embargo, el F.A. no votó esa medida e impuso una postura más benévola, estableciendo solo medidas socioeducativas sin privación de libertad. Pero si a estos menores se les manda de vuelta a su hábitat, no solo es muy posible que vuelvan a las andadas, con el consiguiente riesgo para la gente, sino que tampoco se les estará ayudando, pues difícilmente se rehabiliten dentro del entorno del que salieron a robar. Claro que para que se puedan rehabilitar, es imprescindible que el instituto responsable cumpla debidamente con el cometido de reinsertarlo en la sociedad.

3° Instituto de Responsabilidad Penal Adolescente. Ante el estrepitoso fracaso del INAU en su responsabilidad de contener y rehabilitar a los menores infractores, el Partido Nacional propuso hace tiempo, la necesidad de contar con otro lugar de reclusión que efectivamente cumpla con esa función. Al final, esta inquietud figuró entre las leyes acordadas entre el oficialismo y la oposición y los tres partidos apoyaron pero Borsari planteó salvedades. Lo principal era que no estuviera supeditado al INAU y sin embargo, así será hasta que no se vote una nueva ley creando un servicio descentralizado.

4° Antecedentes de delitos graves de menores. La oposición pugnaba por que se guarden en forma permanente y no a discrecionalidad del magistrado, pero una vez más la bancada oficial impuso su enfoque y lo que se votó, sin el apoyo de parte del Partido Nacional (UNA) y del Colorado, es conservarlos solamente dos años y a criterio del juez.