Berlusconi endurece medidas para combatir la inmigración

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ROMA | EL PAÍS DE MADRID Y ANSA

El gobierno italiano anunció una batería de medidas contra los inmigrantes, tanto extracomunitarios como comunitarios, así como contra los refugiados de la guerra de Libia llegados al país en los últimos meses.

El Consejo de Ministros dio luz verde a un decreto que triplica el tiempo de estancia de los inmigrantes en los Centros de Identificación y Expulsión (CIE), desde los seis meses actuales hasta los 18 meses máximos que permite la legislación europea.

Además, el gobierno promete que expulsará "de forma inmediata" del territorio tanto a los "clandestinos" como a los comunitarios que cometan delitos, según dijo el primer ministro Silvio Berlusconi.

El mandatario anunció también que su ministro de Exteriores firmará con el Consejo Nacional de Transición en Bengasi, la capital rebelde de Libia, un acuerdo para construir un centro de inmigrantes en la capital de los rebeldes y para repatriar a los refugiados de la guerra "que han llegado y están por llegar a Italia".

Por su parte, el ministro de Exteriores Franco Frattini anunció que Italia firmaría hoy el acuerdo de cooperación con el CNT libio para prevenir el "flujo de inmigrantes irregulares", y agregó que el ACNUR, la agencia de ONU para los inmigrantes, participará en la aplicación del mismo.

Desde ACNUR, sin embargo, emitieron poco después una nota en la que afirmaron haberse enterado "con estupor" de las declaraciones de Frattini, puntualizando que "no existe ningún tipo de participación en este tipo de operaciones", y que auspiciaba que se pueda aclarar con Roma la naturaleza de estas afirmaciones".

La cancillería precisó a su vez que las palabras de Frattini "se referían a la perspectiva de que con el CNT se puedan abrir posibilidades de colaboración entre la nueva Libia y el ACNUR, que no eran posibles con le régimen de Gadafi"

De ninguna manera, añadió la cancillería, "se referían a una supuesta participación el ACNUR en las actividades de repatriación" de los ilegales.

La agencia ONU, en efecto, recordó su "contrariedad a toda acción de rechazo en alta mar de los migrantes que se dirigen hacia las costas italianas".

El decreto ley anunciado por Berlusconi también fue muy criticado por monseñor Giancarlo Perego, director de la Fundación Migrantes, organismo de la Iglesia católica que se ocupa de los problemas de la inmigración.

"Extender los tiempos de detención en los CIE, que no son lugares en los que las personas resulten de veras tuteladas, significa exasperar aún más la situación", destacó Perego.

Según el prelado, "el problema no está en los tiempos, sino en el lugar de la detención: los CIE son lugares de alta conflictualidad, de violencia, de autocastigo, porque no hay ninguna tutela, ningún proyecto, ningún recorrido que pueda llevar a un planteo de estudio o de trabajo, o de lo que sea". "Se trata solamente de una forma de encarcelamiento", subrayó Perego.

Otra organización católica, la Comunidad de San Egidio, difundió a su vez un informe en el que afirma que por lo menos 2.532 personas murieron en los primeros cinco meses del año, intentando cruzar el mar Mediterráneo.

"Desde 1990, por lo menos 17.597 personas murieron mientras viajaban hacia las fronteras europeas, y el cambio de la situación geopolítica que está afectando los países de África del Norte han llevado a muchas personas a intentar la peligrosa navegación", dijo la Comunidad en una nota.

Con su anuncio, Berlusconi hace así suyas las reivindicaciones de la Liga del Norte, aunque esto suponga obviar que los refugiados del conflicto libio llegados a Italia tienen derecho a pedir asilo político y a quedarse en el país.

El ministro del Interior, Roberto Maroni, compareció junto a Berlusconi para poner en escena el supuesto triunfo de la Liga de cara a su cita anual con los militantes, que se celebrará mañana en Pontida, la pradera mítica de la formación, situada al norte de Bérgamo.

La Liga, el socio que mantiene en pie al gabinete, sufre entre sus bases el mismo desgaste político que afecta a Berlusconi, y su respuesta ha sido ejercer una creciente presión sobre el primer ministro, que algunos analistas califican sin rodeos como un chantaje.