Jorge Abbondanza
Sería folletinesco si no fuera escandaloso. El caso Schoklender sacude a la Argentina con su revuelo en tres niveles (político, periodístico, judicial). Las acusaciones de fraude y lavado de dinero afectan por el momento al protagonista del episodio, el abogado y empresario Sergio Schoklender, que hasta hace unos meses se desempeñaba como apoderado y asesor de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, una entidad sin fines de lucro notoria por su defensa de los derechos humanos. Como toda telenovela, el asunto tiene un tema principal y otros secundarios.
El gran tema son los fondos públicos entregados a esa Fundación para financiar la construcción de viviendas populares en la ciudad de Buenos Aires y en cinco provincias argentinas, porque se trata de 765 millones de pesos aportados sin control por el Estado a lo largo de varios años. Ahora se sabe que la Fundación volcaba esas partidas en la empresa constructora presidida por Schoklender, que estaba a cargo de todo el plan. Pero un primer entretelón del tema es el enriquecimiento personal de ese apoderado, que a nombre de su empresa compró una quinta de 19 habitaciones y 12.000 metros de terreno, varios autos de lujo, dos yates y dos aviones, entre otros bienes.
Un segundo entretelón son los antecedentes de los implicados, ya que Schoklender (junto a su hermano Pablo) había sido condenado en 1981 por el asesinato de sus padres y al salir de prisión catorce años después, se vinculó con la presidente de las Madres de Plaza de Mayo, que desde entonces lo trató como a un hijo adoptivo. Esa mujer es la conspicua Hebe Pastor de Bonafini, no solo famosa por su lucha contra la dictadura de 1976-1983, sino también por su entusiasta afiliación al kirchnerismo y por usar en público un vocabulario digno de inclinaciones menos altruistas que las invocadas por su organización. El lazo con Schoklender se interrumpió en diciembre de 2010, cuando él renunció a sus tareas en la Fundación. Ahora Bonafini aclara que despidió de allí a otras 16 personas, presuntamente enredadas con el manejo de los dineros públicos.
Un tercer entretelón es el fervoroso respaldo que miembros del gobierno argentino han dado a esa mujer desde que se destapó el caso, junto a las protestas de inocencia que ella misma ha formulado a través de los medios afines al poder. Así la culpa caerá sobre el chivo expiatorio y no sobre la Fundación que lo auspiciaba, en cuyo nombre se cobraban y administraban los capitales destinados a las viviendas y el rumbo final de esas sumas. Otras organizaciones sociales cuestionan duramente a Bonafini, pero ella intenta descartar no solo su responsabilidad como presidente de la institución, sino además los alcances de una estafa que pone en duda el idealismo del movimiento que encabeza. A esa altura convendría repasar la letra del tango Cambalache, para comprobar cómo mantiene su vigencia.