Papelón en Ginebra

La resolución de la Organización Internacional del Trabajo no deja lugar a ambigüedades. Ante un reclamo de las cámaras empresariales uruguayas en relación a la ley de Negociación Colectiva votada en el gobierno anterior, llamó a que "sin demora" se operen cambios sustanciales en la misma, y enviará una misión de expertos al país en agosto para constatar los avances que se hayan hecho en relación al tema. En torno a esta definición de la OIT hay al menos tres aspectos que deberían generar inquietud, cuando no una buena dosis de vergüenza, entre los ciudadanos uruguayos.

El primero es que un organismo como la OIT, acostumbrado a lidiar con problemas realmente dramáticos en materia de relaciones laborales en los países más diversos e infortunados del planeta, deba intervenir para resolver un tema sobre Uruguay. Un país que desde siempre, mucho antes de que existieran el Frente Amplio o el Pit-Cnt, ha sido ejemplo internacional en cuanto a lo avanzado de su sistema laboral y ha contado con algunos de los expertos laboralistas más destacados del continente.

Un segundo aspecto preocupante es la reacción del gobierno ante este "reto" de la OIT. El ministro Brenta, insólitamente, ha salido a señalar que "la resolución de la OIT ha dejado a Uruguay muy bien parado", y que "el gobierno cumplió con su tarea". Tan bien no la debe haber cumplido cuando la OIT solicita cambiar aspectos esenciales de una ley impulsada por ese mismo gobierno (o el anterior del mismo partido), y cuando decide enviar una misión a comprobar la marcha de los cambios sugeridos.

¿O los señores de la OIT vienen a hacer turismo en agosto a Uruguay? Lo del ministro Brenta no es sorpresa, ya que su gestión se ha limitado a funcionar como un aliado incondicional de los sectores gremiales, y a solucionar cada conflicto apelando a dilatar las decisiones o a que el Estado (o sea los contribuyentes) paguen el pato, extendiendo seguros de paro sin justificación.

Y el tercer punto que debería inquietar a los uruguayos en general, fue el culebrón protagonizado por los representantes sindicales que fueron a la reunión en Ginebra. Allí se desarrolló una negociación de último momento con los empleadores para intentar un acuerdo que evitara al país el papelón de ser "retados" por la OIT. El coordinador del Pit-Cnt, y dirigente comunista, Juan Castillo acordó un texto con las cámaras empresariales que ponía fin al diferendo. Pero cuando estaba todo listo para firmar, los compañeros de Castillo en Montevideo vetaron el acuerdo por entender que sacrificaba derechos "irrenunciables". Esto porque en el texto se acordaba la posibilidad de incluir en las negociaciones colectivas una cláusula de paz sindical y la ultra actividad de los acuerdos.

Lo llamativo es que el vocero de los "disidentes" en la interna del Pit-Cnt fue el dirigente de la bebida Richard Read, alguien muy cercano al gobierno, y particularmente al grupo "moderado" del vicepresidente Astori. ¿Creía Read que su colega Juan Castillo iba a sacrificar los derechos de los trabajadores? ¿No tenía Castillo la confianza de sus compañeros para negociar? ¿Se está sacrificando la imagen exterior del país por una minúscula lucha interna gremial de cara al próximo Congreso de la central sindical?

Como se ve, el panorama que deja esta situación es bastante preocupante. Sobre todo cuando los expertos prevén que a raíz de este problema pueda crecer aún más la ya elevada tasa de conflictividad sindical que azota al país, y que empieza a afectar las intenciones de inversión de muchos empresarios. Una tasa de conflictividad que en mayo creció nada menos que un 165% respecto a abril y cuatro veces más en relación a mayo del 2010. Y lo más triste es que esa conflictividad no creció por motivos de defensa de cuestiones laborales, sino por huelgas motivados por temas como la derogación de la Ley de Caducidad, o la protesta contra una ley votada por unanimidad por los legítimos representantes del pueblo en el Parlamento como la de participación público-privada.