Calidad de vida

La civilización se mide por el desarrollo de las ideas, creencias, artes, ciencias y costumbres de un grupo humano, y otorga a quienes la comparten una suma de posibilidades que suele llamarse calidad de vida. A cierta altura de ese desarrollo ya no basta con que dicha calidad permita acceder a beneficios elementales (salud, educación, trabajo, alimento, vivienda) sino que también está obligada a prestar servicios de otro nivel, de manera que la calidad de vida no se confunda solamente con necesidades básicas, que en todo caso aseguran la sobrevivencia del individuo. Debe caracterizarse además por el disfrute de otros bienes de índole cultural, ambiental, institucional, placentera, liberadora, intelectual, moral y estética, que amparen asimismo la dignidad, la independencia expresiva, la convivencia, el crecimiento interior y el futuro de ese individuo.

De otro modo se corre el peligro de creer que la vida puede reducirse al ejercicio de comer y dormir, un extremo que conforma a los animales pero no corresponde a la medida del hombre, ese otro animal que tiene un espíritu y por lo tanto dispone de aspiraciones más elevadas que los requerimientos primarios de otras especies. La calidad de vida que debe garantizar toda comunidad civilizada es inseparable de esos niveles superiores, no necesariamente sublimes pero sí ennoblecedores, porque solo a través de ellos puede afianzarse el relacionamiento armónico entre los seres, el goce colectivo de ciertos privilegios comunes, la plenitud de la conciencia y el verdadero acuerdo social. Eso tiene que ser así cuando una nación pretende mantener y mejorar su categoría civilizada y no solamente su condición de espacio habitable o su puerta de entrada al almacén de víveres.

La obligación de auxiliar a los sectores desvalidos no puede ser excluyente sino complementaria de otras asistencias, que con igual énfasis deben respaldar el derecho a ciertas fuentes enriquecedoras que también son prioritarias, aunque no siempre se las coloca en ese plano y a menudo no ocupan el sitio que merecen en el cuadro general de una sociedad. Lo grave es que al desatenderlas o postergarlas, en beneficio del socorro a los más necesitados, se olvidan los requerimientos del resto, como si se tratara de una balanza que se preocupa de cargar uno solo de sus platillos, convencida de que el rescate de algunos legitima el descuido de otros.

Puede parecer políticamente incorrecto señalar algunos pormenores del funcionamiento de esa balanza. Pero los gobernantes civilizados deberían reflexionar sobre el magro retorno que los ciudadanos contribuyentes obtienen a cambio del esfuerzo tributario que les imponen, porque un cálculo reciente estimó que un uruguayo debe trabajar desde el 1º de enero hasta el 17 de mayo para satisfacer la voracidad fiscal del Estado. Lo malo es que ese trabajador conoce la proporción en que sus aportes se utilizan para pagar a una masa burocrática y no para financiar obras o servicios. Sin ir más lejos, en estos días se supo que el 72% de los recursos que consume la Junta Departamental se dedica a pagar los sueldos de sus funcionarios, a quienes acaban de otorgar mejoras en esa retribución que en algunos casos llegan al 40% de los haberes, sin olvidar el otro 40% que también se ha concedido a las remuneraciones de los ministros del Tribunal de Cuentas. La balanza vuelve a desnivelarse cuando se comparan esos ajustes con los que percibe la fuerza de trabajo de la actividad privada.

Y así el Estado, que es un recaudador feroz, es en cambio un empresario dadivoso con sus dependientes. Esa desigualdad forma parte de la distribución de la riqueza, un principio muy invocado últimamente, mientras ciertas magnanimidades no impiden que cada día haya más gente durmiendo en la calle. Y cada vez sea mayor el deterioro de la enseñanza pública y sus resultados, sobre todo en los quintiles más pobres de la sociedad.

Todo eso afecta la calidad de vida de la población, aunque algunos desequilibrios preocupan a las autoridades más que otros.