El gobierno "K" obligaba a provincias y municipios a contratar, sin licitación alguna, a las Madres de Plaza de Mayo si querían recibir fondos especiales para construir viviendas sociales, según quedó establecido en convenios y contratos de obra.
Los documentos contradicen abiertamente lo que afirmaron el miércoles pasado, en el Congreso, los subsecretarios Abel Fatala (Obras Públicas) y Luis Bontempo (Vivienda) para despegarse del escándalo que desató el manejo de fondos por parte de Sergio Schoklender, exapoderado de la fundación y dueño de una empresa que se encargaba de hacer las obras para la misma: "Nosotros no tratamos directamente con las Madres, sino con las jurisdicciones, con los municipios".
Esos dichos provocaron comentarios de gobernadores, que se apuraron a aclarar que el plan "venía enlatado" desde el Ministerio de Planificación y que ellos sólo pagaban cuando recibían los fondos y se certificaban las obras.
Los documentos reflejan lo que gobernadores e intendentes admitían sin el grabador prendido: la orden expresa del gobierno era contratar a las Madres. Si así ocurría, ellos cobrarían sin demoras y las casas iban a estar hechas a tiempo. En algunos de esos convenios, además, se pagaron, según lo presupuestado hace 13 meses, 463.000 pesos (US$ 98.000), por ejemplo, por cada vivienda en Villa Lugano de 70 metros cuadrados, amueblada y equipada con heladera.
Defensa. Los organismos de derechos humanos argentinos advirtieron ayer que ningún grupo económico o político puede "desprestigiar" la tarea de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y sostuvieron que hay sectores "cómplices del terrorismo de Estado" (1976-83) que llevan adelante esa campaña.
El documento, titulado "Intentan ensuciar los pañuelos", en referencia al símbolo de las Madres de Plaza de Mayo, fue suscrito por Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S., Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio.
"Todos nosotros surgimos del dolor más profundo que significa el habernos arrancado a nuestros familiares y habernos negado durante tantos años el derecho a la justicia", sostuvieron los organismos.
La Fundación de las Madres construyó, desde 2008, unas 3.100 viviendas. Lo hizo con dineros públicos aportados por el gobierno de Cristina Fernández: en total, se vienen gastando más de US$ 162 millones.