Pasquet critica a Corte por fallo sobre jueza Mota

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El senador colorado Ope Pasquet (Vamos Uruguay) cuestionó la decisión de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que por unanimidad de sus cinco ministros resolvió clausurar el expediente administrativo iniciado contra la jueza penal Mariana Mota por su presencia en la última "Marcha del Silencio" de la organización de Familiares de Detenidos Desaparecidos.

"No tengo el honor de compartir el criterio de la Corte", sostuvo el legislador colorado al hacer una exposición sobre el tema ayer en la media hora previa a la sesión del Senado.

Pasquet dijo que hay "amplios sectores de la ciudadanía que oscilan entre el desconcierto y la indignación ante la conducta adoptada por la doctora Mota y no comprenden que frente al espectáculo de una magistrada que exhibe públicamente su parcialidad, la Corte no pueda hacer más que señalar, platónicamente, la inobservancia de un deber ético".

Si bien la SCJ no sancionó a la jueza, advirtió que incumplió con lo que prevé el artículo 12° del Código de Ética Judicial Iberoamericano, que establece: "El juez debe procurar evitar las situaciones que directa o indirectamente justifiquen apartarse de la causa".

Mota tramita varios casos donde están siendo indagados militares por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Los abogados de los oficiales recusaron a la magistrada, que ya adelantó que no prevé abandonar las causas.

Según Pasquet, la jueza violó el "principio de imparcialidad" que regula la tarea de los funcionarios públicos, de acuerdo con lo que establece el artículo 21 de la ley sobre uso indebido del poder público (N° 17.060, vigente desde 1998).

El senador de Vamos Uruguay remarcó que según la norma, toda violación a ese principio "hará incurrir a sus autores en la responsabilidad administrativa, civil o penal en la forma prescripta por la Constitución de la República y las leyes".

Por eso, Pasquet pidió ayer en el Senado que si la SCJ entiende que la ley 17.060 "no es aplicable a los jueces, corresponde que así lo exprese y haga conocer a la opinión pública los fundamentos de su posición".

El legislador también señaló que el decreto reglamentario de la norma establece que todo funcionario público tiene "el deber de evitar cualquier tratamiento preferencial, discriminación o abuso del poder o de la autoridad hacia cualquier persona o grupo de personas con quienes su actividad se relacione...".

Según el legislador, es necesario que la Corporación brinde una explicación al respecto porque "la imparcialidad no es uno más entre los principios a los que el juez debe ajustar su conducta: es el principio básico, esencial, sin cuya observancia ni el juez es juez ni el proceso es proceso".

Mota tramita el juicio contra el ex dictador Juan María Bordaberry e indaga a varios militares en diversas causas.