El presidente del Frente Amplio, Jorge Brovetto, planteó ayer en la Mesa Política la necesidad de convocar a elecciones internas este mismo año para renovar las autoridades.
Sin embargo, fuentes que participaron en el encuentro dijeron a El País que ayer no hubo ninguna resolución formal de la Mesa Política sobre la elección de nuevas autoridades.
Además, ante el reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia que indica que los crímenes cometidos durante la dictadura son homicidios y no delitos "de lesa humanidad", Brovetto planteó la necesidad de dejar sin efecto la ley de Caducidad antes del 1° de noviembre, fecha en que prescribirán los delitos.
En el marco de la autocrítica que se realizó sobre el fracaso de la anulación de la ley de Caducidad en Diputados hubo severas críticas al diputado Víctor Semproni y al senador Eleuterio Fernández Huidobro, por oponerse a la aprobación de la norma. El Movimiento de Participación Popular (MPP) pidió la rápida integración del Tribunal de Conducta Política para juzgar a Semproni y al senador Jorge Saravia, por no haber respetado la resolución del Plenario que mandataba a votar la anulación de la Caducidad.
El representante de la Vertiente Artiguista en la Mesa Política, Marcelo Melo, planteó la necesidad de mantener la unidad de acción de la coalición de izquierda a futuro. El delegado por la Liga Federal José Antonio Maldonado también manifestó su preocupación ante la "fragilidad del Poder Legislativo" al no cumplir con la resolución de la fuerza política.
Los sectores representados en la Mesa Política resolvieron ayer la convocatoria de un Plenario para el próximo 25 de junio, donde se discutirá un documento de la Comisión de Estrategia del FA.
Por otra parte, la Mesa Política aprobó un documento de la Comisión de Asuntos Internacionales en el que expresó su condena a Estados Unidos por la sanción que le impuso ese país a la empresa petrolera venezolana Pdvsa por comercializar con Irán.
En la resolución, la Mesa Política rechazó las medida adoptadas por Estados Unidos. Según se expresa en la condena, "la disposición es violatoria de las relaciones internacionales".
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