Por primera vez la Corte autoriza videoconferencia

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PABLO MELÉNDREZ

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) autorizó, por primera vez, la realización de una videoconferencia judicial a pedido de un juez español que solicitó la posibilidad de interrogar como testigos a dos uruguayos en el marco de un juicio penal.

La Corporación resolvió el viernes 3 hacerse cargo de los costos del medio probatorio solicitado por la Justicia española, que se desarrollará, seguramente, en un centro de transmisión virtual de Antel.

El pedido del magistrado es-pañol llegó a Uruguay en mayo y fue derivado al juez de la Ciudad de la Costa, Allen Denby, ya que las dos personas que se pretende que presten declaración residen en esa zona del departamento de Canelones.

Según informó a El País el vocero de la SCJ, Raúl Oxandabarat, la Corporación pagará los gastos de traslado de los dos testigos hasta el lugar desde donde se hará la conexión con el juzgado español, así como del servicio, que Antel cobra por tarifa de una hora.

El pedido del juez español llegó a la Autoridad Central de Cooperación Jurídica Internacional (que depende jerárquicamente del Ministerio de Educación y Cultura) que derivó el asunto al juez Denby.

Pero por no contar con los medios técnicos, el magistrado devolvió el exhorto a la Autoridad Central de Cooperación Jurídica Internacional. A su vez, a fines de mayo, el responsable de esa unidad, Carlos Álvarez Cozzi, remitió el pedido del juez español a la SCJ, que finalmente autorizó la realización de la videoconferencia.

"La decisión de la Corte, además de novedosa, es muy importante porque implica que Uruguay empieza a prestar colaboración jurídica internacional utilizando este tipo de medios tecnológicos", dijo a El País Álvarez Cozzi, un abogado experto en temas de cooperación jurídica internacional.

La posibilidad de utilizar la videoconferencia para interrogatorios judiciales está prevista en varios pactos internacionales suscritos por Uruguay, como la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional (conocida como la Convención de Palermo) y la Convención de San Luis sobre cooperación judicial en el Mercosur.

Hasta el momento ningún juez uruguayo ha planteado la posibilidad de interrogar a una persona que se encuentre en el exterior por videoconferencia, según indicó Álvarez Cozzi. Otros pedidos anteriores que llegaron a Uruguay no se concretaron debido a la falta de medios técnicos.

TROCKI. La jueza especializada en crimen organizado Graciela Gatti tiene a estudio un pedido formulado por los hermanos Daniel y Gustavo Trocki (ex proveedores de la Armada) para que ambos declaren por videoconferencia desde Israel.

Gatti quiere interrogar a los hermanos Trocki en el marco de la causa que indaga una red de compras fraudulentas en la Armada, hechos en torno a los cuales los empresarios habrían estado vinculados.

El abogado de los ex proveedores navales, Miguel Langón, planteó en marzo que sus clientes están dispuestos a declarar desde Israel, donde residen desde agosto de 2010. Langón propuso la utilización del software de chat gratuito Skype.