Avance lento por ex banco Comercial

Hubo pocos avances en la concreción del acuerdo firmado en abril entre el gobierno y los tres bancos extranjeros exsocios del liquidado Banco Comercial, que prevé el pago por parte del Estado de US$ 118,5 millones a estas instituciones, lo que incluye una quita de US$ 43,8 millones.

Según fuentes de los bancos acreedores, la situación actual responde a que sigue vigente un embargo judicial sobre el dinero que el Estado debe pagarles, por lo que hasta que esa medida no sea levantada es difícil lograr acuerdos con los grupos de exahorristas damnificados del ex Comercial, para lo que el acuerdo prevé la creación de un fondo fiduciario de US$ 70 millones.

Sin embargo, para el grupo de exahorristas de la Compañía General de Negocios del ex Banco Comercial -que lograron el embargo- es probable que los bancos no estén realizando contacto con los ahorristas damnificados para dejar que caiga el plazo de más de un año previsto, para que de esa forma no se cumplan las condiciones del contrato y así poder reclamar el pago del total de lo adeudado por Uruguay, incluidas las quitas, expresaron fuentes de ese grupo de ahorristas.

El embargo judicial de los créditos está a estudio de un tribunal de apelaciones civil, que resolverá si comparte o no la decisión de la jueza civil Teresita Rodríguez Mascardi, que elevó la contracautela del embargo de US$ 500.000 a US$ 17,1 millones. En general, los tribunales civiles resuelven este tipo de casos en un plazo de seis a ocho meses.

La idea de los bancos extranjeros es no dejar pasar ocho meses sin hacer nada; es probable que en breve inicien contactos con ahorristas, aunque si llegan a acuerdos estarán supeditados a que el embargo sea levantado, dijo una fuente de las instituciones financieras.

En el grupo de ahorristas que mantiene el embargo sobre los créditos que el Estado debe pagar a los bancos extranjeros hay desconfianza respecto a la inacción de estos bancos en procura de lograr acuerdos con los damnificados por la quiebra del ex Comercial.

"Si los bancos no llaman a acreedores a negociar nadie los puede obligar y el acuerdo cae, con eso el Estado pierde las quitas", expresó una fuente del grupo.