La Comisión sobre Caducidad del Frente Amplio encomendó al presidente de la fuerza política, Jorge Brovetto, hacer contactos con el Poder Ejecutivo para dejar sin efecto la ley 15.848, en cumplimiento del reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que mandató al Estado a "eliminar las trabas jurídicas" para la investigación de crímenes cometidos durante la dictadura.
El representante por las bases del interior en la comisión, Alejandro Arismendi, dijo a El País que las gestiones de Brovetto estarán orientadas a "evitar la descoordinación entre el gobierno y la fuerza política", tal como sucedió en el caso del proyecto anulatorio de la Caducidad.
En la Mesa Política, los sectores que integran la coalición acordaron que los temas sean discutidos "hasta agotar el debate interno". De tal forma que "no queden temas pendientes y se puedan saldar las discusiones antes de salir a la prensa", dijo a El País una fuente que participó del encuentro.
En la próxima sesión de la Mesa Política, se realizará una "autocrítica" del proceso que culminó en el fracaso de la anulación de la Caducidad.
Mientras tanto, ayer quedó integrada la comisión especial para el estudio de los mecanismos que dejarían sin efecto la norma. Entre los miembros están la senadora Mónica Xavier (PS) y los diputados Aníbal Pereyra (MPP), Jorge Orrico (AU), José Bayardi (VA) y Carlos Coitiño (PVP), entre otros. Además se pidió la participación de la CAP-L, sector que no integra formalmente el Frente Amplio.
En el marco de la comisión se estudiará dejar sin efecto la Caducidad a través de diferentes mecanismos. Asamblea Uruguay plantea la derogación de la ley, lo cual no tiene efectos retroactivos.
El Movimiento de Participación Popular propuso la modificación del artículo 239 de la Constitución, para que los fallos de las cortes internacionales de derechos humanos pasen a ser considerados como ley en el sistema jurídico uruguayo.
La Corriente Izquierda de Liberación volvió a insistir en la anulación de la ley de Caducidad. Según expresaron en la reunión, por mayoría simple se puede disponer la anulación de una norma basados en el artículo 85 de la Constitución.