Cuando se habla de crisis de la educación pública pocas veces se anota que uno de sus grandes problemas es la mala gestión de sus recursos. Durante décadas, la izquierda y los gremios plantearon que las deficiencias educativas derivaban del bajo presupuesto. Ahora que lograron el tan ansiado 4.5% del PBI sin que se registren mejoras, llegó el momento de enfocar el tema de la administración de los fondos en la ANEP y la Universidad de la República.
Cualquier evaluación que se hiciera al respecto comprobaría desaciertos de todo tipo. Para empezar, quienes deciden suelen carecer de preparación. Un profesor de geografía o dibujo pueden ser muy buenos en lo suyo, pero nada indica que tengan la formación adecuada para gerenciar una organización del tamaño y la complejidad de los entes de enseñanza que manejan cifras millonarias. De ahí los errores que se verifican.
Ante esta situación, el gobierno considera el pedido de más dinero por parte de las autoridades de la enseñanza con vistas a la Rendición de Cuentas y anuncia que puede entregar los fondos siempre que se destinen a ciertas áreas predeterminadas. En otras palabras, que el gobierno quiere saber -y de alguna manera controlar- cómo se utilizarán estas partidas adicionales.
Ante esa postura gubernamental los gremios pusieron el grito en el cielo alegando una vez más que aceptar tales condiciones supone convalidar una violación de la autonomía de la enseñanza, razón por la cual se oponen a la iniciativa. Para evitar que se evalúe la gestión, levantan como siempre el escudo de la autonomía con el que buscan tapar las ineficiencias de la administración y el frecuente derroche de recursos. ¿Se saldrán con la suya otra vez?