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J. ALVAREZ / F. FERNÁNDEZ

Cerca de 660 presos reubicó ayer el Instituto Nacional de Rehabilitación en el penal de Libertad y en Rivera, al tiempo que el Ministerio del Interior ordenó cerrar los módulos de acero conocidos como "las latas".

Autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación denunciaron ante el Juzgado Penal de Libertad la agresión que sufrió uno de los guardias que participaron ayer del operativo de traslado de 458 reclusos del penal de Libertad desde el sector de módulos metálicos conocido como "las latas" al edificio principal del establecimiento penitenciario.

Según fuentes carcelarias, ese fue el único incidente verificado durante la tarea que insumió unas cuatro horas y que comenzó al amanecer de la víspera, finalizando poco antes del mediodía.

El coordinador del área metropolitana del Instituto Nacional de Rehabilitación, Eduardo Pereira Cuadra, expresó a El País que el policía atacado no presenta heridas de gravedad, pero la entidad de la falta motivó la denuncia referida.

Dijo que, aparte del incidente con el guardia, el traslado se realizó con total normalidad y mostró su convencimiento de que la desocupación de los módulos metálicos significa el comienzo de una nueva etapa, no sólo por las condiciones en que estarán alojados los reclusos y la forma como la Policía podrá cumplir su trabajo, sino por la responsabilidad que se pretende que los reclusos asuman en la conservación de las nuevas instalaciones.

"Son bienes del Estado, por los que debemos velar", dijo Pereira Cuadra.

Añadió que las jerarquías del Instituto Nacional de Rehabilitación están dispuestas a adoptar sanciones administrativas y denunciar ante la Justicia Penal cuando se comprueben actos de vandalismo.

"Buscamos concientizar al preso de sus deberes. Nos interesa sobremanera que toda la población reclusa del país sepa que esta política forma parte de una manera diferente de evaluar las cosas", indicó el jerarca.

DESTRUCCIÓN. La observación del estado de los módulos metálicos, que quedaron vacíos en la jornada pasada, brinda una idea aproximada de la forma como se desarrollaba la vida de los presos allí alojados.

Múltiples soldaduras que a través del tiempo se fueron realizando para "emparchar" fallas o daños provocados por los reclusos, y herrumbre que denota fragilidad en la mayoría de los módulos, son los primeros aspectos que saltan a la vista.

El piso de hormigón de la planta baja muestra algunas canaletas por donde corren las aguas servidas y graseras desbordadas por litros del ensopado que forma parte de la alimentación diaria de los internos. También se observan trozos de frazadas o de prendas de vestir colgando de las puertas y cuchetas de acero destrozadas. Los daños también alcanzaron a inodoros y palanganas ubicados en el interior del establecimiento. El visitante se ve sorprendido por un fétido olor, propio de los lugares cerrados y sin higiene.

El director del penal de Libertad, Fabián Severo, aún no sabe qué destino se dará a la construcción de hormigón que cubría del agua y el sol a las dos plantas de módulos de acero ahora inhabilitados.

Severo coincidió con Pereira Cuadra en la mejoría que significa "para reclusos y policías" el traslado concretado ayer.

"Los presos trasladados ahora se encuentran alojados en celdas individuales y con capacidad para dos personas, en dos niveles del establecimiento de ladrillo", dijo.

Se trata de plantas con distribución en forma de H que han sido acondicionadas especialmente y en las que cada una cuenta con agua caliente, paredes y cuchetas limpias, y un ambiente general que dista "años luz" de lo que era la vida en "las latas", tanto para el preso como para los policías", reiteró el mayor Severo.

El jerarca policial indicó que se seguirá empleando en la vigilancia al mismo número de guardias, pero en mejores condiciones de trabajo a las que venían padeciendo. "La eventualidad de incidentes entre los internos, y aun el ocultamiento de armas de todo tipo se reduce notablemente en las nuevas instalaciones", según Severo.

De igual forma los riesgos sanitarios para reclusos y funcionarios son mínimos en la nueva construcción si se mantienen las condiciones que ayer encontraron los reclusos al ingresar a la misma, añadió.

La actividad general del establecimiento, en la que se incluyen las visitas de los días martes, o las clases que brindan docentes del área pública, en el marco de convenios vigentes, no se vio alterada por el traslado. Cuando llegaron las primeras delegaciones de familiares, éste ya se había cumplido.

RIVERA. Veinte días después de su inauguración oficial, fueron trasladados a la nueva cárcel riverense los 199 presos que estaban alojados en el viejo establecimiento de reclusión ubicado en pleno centro de la ciudad. Permanecerán, por ahora, en este edificio las 19 mujeres privadas de libertad.

El jefe de Policía de Rivera, Heriberto Fagúndez, dijo a El País que estaba "tranquilo y satisfecho" porque se cumplió el traslado sin dificultades.

Los reclusos fueron distribuidos en celdas con capacidad para uno, tres y cinco personas.

En los primeros días, la policía no contará con el respaldo de los militares para el control de la guardia perimetral, en virtud de que resta definir detalles operativos y administrativos.

Bajo intensa lluvia, en tres viajes fueron trasladados los detenidos en un ómnibus que pertenece a la Jefatura local. Esa unidad, de ahora en más, será utilizada para trasladar al personal policial que cumplirá tareas en la cárcel.

Como si pretendieran disipar cualquier duda, los vecinos que residen en la manzana de la cárcel se apostaron en la esquina de Rodó y Agraciada, mientras los reclusos eran trasladados al nuevo penal, ubicado en Cerro Carancho. Una sensación de alivio dominaba a todos. "Nos quedamos sin vecinos", afirmó a voz en cuello un ex bancario de 77 años, que se crió en el barrio. Similar fue la manifestación de su hija.

El 5 de agosto de 2003 fueron estrenados los módulos de acero del penal de Libertad, adquiridos durante la gestión del ministro del Interior Guillermo Stirling. Cien de 400 presos de la cárcel de Canelones que se habían amotinado fueron los primeros internos en ser alojados en los celdarios metálicos. En un principio, los módulos adquiridos en Estados Unidos fueron calificados como "antivandálicos". Poco después el ex director de Cárceles, Enrique Navas, criticó la calidad de las instalaciones, lo cual derivó en que Stirling debiera concurrir al Parlamento para explicar detalles de su construcción. Seis años más tarde de su inauguración, las condiciones de habitabilidad de los módulos de acero era deplorable. En marzo de 2009, el relator de ONU sobre cárceles y torturas, Manfred Nowak, dijo que el gobierno "los debe cerrar lo antes posible". Según el informe del relator de ONU, en los distintos centros de detención de Uruguay, comprobó "disparidades inmensas de condiciones. Los que van a Libertad o al Comcar son los pobres, mientras que personas más pudientes son derivadas a Cárcel Central donde la situación es mejor". Según Nowak, Uruguay es el país de menor criminalidad de América Latina junto con Costa Rica y Chile. Sin embargo, Uruguay se encuentra en los primeros lugares del mundo si se efectúa una comparación de la cifra de presos cada 100.000 habitantes. Nowak le dedicó un capítulo a la Colonia Berro. Los adolescentes detenidos "viven en condiciones extremadamente pobres. Los adolescentes no tienen inodoros en sus celdas. Muchos de ellos reciben sedantes como sustitutos a las drogas".

Con la inauguración de unas 700 nuevas plazas en Rivera y en el penal de Libertad, la tasa de hacinamiento de las cárceles uruguayas bajó de 138 % a 125%, según informaron a El País fuentes del Ministerio del Interior.

Antes de la inauguración de la cárcel de Rivera y de los nuevos cupos en el edificio mayor del penal de Libertad había unas 9.000 personas recluidas en alrededor de 6.700 plazas.

A fin de año, estarán listas otras 1.300 plazas adicionales en el Comcar y en el establecimiento de Las Rosas (Maldonado).

En el segundo semestre de este año, el Ministerio del Interior pretende bajar aun más el hacinamiento carcelario con la derivación de presos de cárceles del interior a chacras policiales reproduciendo el modelo de "Campanero", un establecimiento ubicado en la zona rural de Lavalleja.

Además, la cartera pretende fortalecer el programa de libertad asistida que incluye el seguimiento de un oficial de la Oficina de Libertad Asistida (OSLA) y, eventualmente, utilizar tobilleras electrónicas para reclusos con arrestos domiciliarios dispuestos por la Justicia Penal. En este momento, un proyecto que regula el funcionamiento del OSLA se encuentra a estudio del Parlamento.

El comisionado parlamentario, Álvaro Garcé, reconoció que las 2.000 nuevas plazas que se inaugurarán este año bajarán la superpoblación. Sin embargo, planteó que el gobierno deberá pensar en las futuras necesidades locativas, ya que al final de este período se estima que habrá más de 12.500 reclusos.

La media histórica de presos en Uruguay siempre osciló entre 1.400 y 1.600, de acuerdo a Garcé. A mediados de la década de 1990, "hubo un punto de quiebre" (la llamada ley de seguridad ciudadana) y de 3.200 presos se pasó en 15 años a los 9.000 de la actualidad. La población carcelaria aumentó en 5.600 y, en todo este tiempo, "en el mejor de los casos" se crearon 2.500 plazas nuevas, dijo Garcé.