Comisión barrial traba instalación de juzgados antimafia en el Prado

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PABLO MELÉNDREZ

La Comisión Especial Permanente del Prado emitió un informe contrario a la instalación de los juzgados especializados en crimen organizado en una casona ubicada en 19 de Abril y Adolfo Berro. Ese dictamen frenó el inicio de las obras.

A casi dos años de haber sido adquirida por el Poder Ejecutivo en US$ 300.000 y entregada en comodato al Poder Judicial, la antigua casona de tres pisos donde se prevé instalar los juzgados especializados en crimen organizado, sigue inhabitada y ni siquiera se iniciaron las obras de refacción.

El proceso, que de por sí estaba atrasado, sumó en los últimos días un nuevo escollo, ya que la Comisión Especial Permanente del Prado -que tiene como objetivo preservar el patrimonio histórico del barrio- emitió un dictamen contra la instalación de los juzgados.

Las sedes judiciales, que desde su creación en 2009 funcionan provisoriamente en un edificio del Poder Judicial ubicado en Buenos Aires y Brecha, serán "altamente perjudiciales" para la zona, según concluyó el informe de la Comisión Especial Permanente del Prado.

El pronunciamiento del grupo vecinal, que es dirigido por el arquitecto Sergio Calvermater, fue emitido cuando el Poder Ejecutivo inició los trámites ante la Intendencia de Montevideo para comenzar las obras de remodelación de la propiedad donde, según el proyecto, además de los dos juzgados, se instalarán las fiscalías y también las defensorías de oficio.

Para fundamentar su posición, la Comisión Especial Permanente del Prado evaluó la inconveniencia de instalar los juzgados en la zona debido a que es un barrio residencial que cuenta con una abundante vegetación y no presenta gran movimiento de tránsito de vehículos en sus calles.

El director de los Servicios Administrativos del Poder Judicial, Elbio Méndez Areco, dijo a El País que el dictamen de la Comisión Especial Permanente del Prado no permite el inicio de las obras en la casona.

"No podemos iniciar los trabajos porque no contamos con los permisos necesarios. Por eso, por ahora, solo mantenemos el lugar limpio y se dispuso la presencia de un guardia para evitar el ingreso de intrusos", indicó Méndez Areco.

El jerarca del Poder Judicial explicó que como el edificio es propiedad del Poder Ejecutivo, es éste quien debe realizar las gestiones para "convencer" al grupo vecinal y a la Intendencia de Montevideo sobre la conveniencia de instalar los juzgados en la casona del Prado.

Según explicó Méndez Areco, el informe de la Comisión Especial Permanente del Prado "no es absolutamente vinculante" para tomar la decisión de instalar o no lo juzgados, pero aun así la Suprema Corte de Justicia no tiene mucho para hacer al respecto.

"Si el Poder Ejecutivo entiende que el informe contrario a los juzgados es de recibo y son inconvenientes para la zona, se tendrá que buscar otro lugar para instalarlos", señaló.

Desde que se supo que la intención del gobierno era instalar los juzgados en el Prado (debido a la cercanía con la sede de la Brigada Antidrogas) grupos de vecinos han llevado a cabo gestiones contra esa decisión, ya que entienden que se alterará la tranquilidad del barrio y también temen que sus propiedades pierdan valor.

Incluso, a mediados de 2009, varios vecinos presentaron una nota a la esposa del entonces presidente Tabaré Vázquez, María Auxiliadora Delgado, quienes viven en la zona, pidiendo que no se concrete la instalación de los juzgados para "mantener inalteradas las características" del barrio.