Ecuador, el país donde no se puede criticar al presidente

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QUITO | L. URÍA / LA NACIÓN/GDA

Carismático y mediático, el presidente de Ecuador Rafael Correa ha hecho de la confrontación pública con sus rivales una de las claves para concentrar el poder en el país cada vez más polarizado.

Lo anterior no sería tan llamativo en América Latina -un continente acostumbrado a la tensión entre el gobierno y los medios de prensa, sobre todo en Venezuela, Argentina y Bolivia- si no fuera porque la versión ecuatoriana supone sanciones concretas, durísimas e inmediatas contra los que cuestionan públicamente al mandatario y a sus ministros, ya sea juicios millonarios, agresiones físicas, difamaciones y, en algunos casos, hasta la prisión. En otras palabras, no se puede criticar públicamente al presidente y a sus allegados sin esperar algún tipo de represalia.

Tal es así que no habría estado tan equivocada la encuesta en boca de urna que le daba a Correa un triunfo por 20 puntos en el referéndum del 7 del actual, que finalmente estuvo muy lejos de concretarse. Según varias interpretaciones, lo que ocurrió es que muchos dijeron que habían votado a favor del gobierno por temor a expresar públicamente que, en realidad, están en contra de Correa.

"Ecuador es el país donde más se deteriora la libertad de expresión en América Latina. Tenemos una política de Estado sistemática para castigar las críticas y la posibilidad de expresar algún tipo de opinión negativa sobre un funcionario público", dijo César Ricaurte, director de la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios).

Esto lo sabe el diario El Universo, al que Correa demandó por 80 millones de dólares por supuestas injurias. También los periodistas Christian Zurita y Juan Carlos Calderón, demandados por diez millones de dólares por el presidente después que revelaron en un libro los contratos del polémico hermano de éste, Fabricio, con el Estado ecuatoriano.

Lo conoce, además, la ex embajadora norteamericana Heather Hodges, expulsada del país hace unos días por haber afirmado, según un cable filtrado por WikiLeaks, que Correa nombró a un jefe de policía a sabiendas de que era corrupto.

También fue castigado el político opositor César Montúfar, agredido por presentarse "para debatir" con el mandatario en un acto oficialista. E incluso el atleta olímpico y único medallista de oro del país, Jefferson Pérez, a quien se acusó falsamente de tener un empleado en negro, después de que recomendara la abstención en el referéndum a los que no entendían qué se estaba votando.

La lista no termina aquí: otro damnificado fue el policía César Carrión, destituido, encarcelado y acusado de intento de magnicidio, tras declarar que el presidente no estuvo secuestrado en el hospital policial en el que se lo atendió con principio de asfixia durante el intento de golpe de septiembre pasado.

También lo sufrieron, entre otros, Luis Corral, Marco Luis Sovenís e Irma Parra, simples ciudadanos agredidos por allegados al presidente, o incluso detenidos brevemente tras increpar al mandatario en un acto público.

Hasta el momento, Fundamedios ha contabilizado 352 agresiones a periodistas en los cuatro años de gobierno de Correa y decenas a ciudadanos comunes por expresar públicamente opiniones contrarias al gobierno.

Pero la situación amenaza (si cabe) con complicarse aún más, con las reformas aprobadas en el referéndum del sábado 7. "El presidente gana un plebiscito para poner a los jueces. Entonces, tenemos que pensar que la cuestión se nos va a complicar y que no vamos a tener la garantía de un juicio independiente", dijo el periodista Calderón, para quien la intención del presidente es "liquidarlo" civilmente.

La obsesión del mandatario con lo que es verdadero ha llevado a que él mismo se ofreciera a ser sometido a un detector de mentiras para confirmar, en el marco del juicio que se le siguió a Carrión (que acaba de ser liberado por falta de evidencias), su versión de que lo que sufrió el 30 de septiembre pasado fue efectivamente un intento de golpe de Estado. Esto fue hace tiempo aceptado por la Unasur y por la OEA.

¿Por qué Correa es tan susceptible? ¿No tiene acaso el gobierno 18 medios en Ecuador, alimentados por una maquinaria publicitaria en la que se invierten cientos de millones de dólares? Ocurre que, a diferencia de sus aliados, el presidente venezolano Hugo Chávez y el boliviano Evo Morales, "Correa es en realidad un recién llegado a la izquierda. Entonces gran parte de su legitimidad se basa en su credibilidad. Si la pierde, pierde su capital político", dijo Ricaurte, de Fundamedios.

Esto explicaría por qué Rafael Correa intenta alimentarse constantemente de la controversia para imponer sus posturas, pese a que, a la luz de los resultados del referéndum, cada vez más ecuatorianos quieren ponerle un freno a su avance sobre los medios.

Más allá de los resultados del referéndum organizado por Rafael Correa, en los que el mandatario no obtuvo el apoyo que esperaba, la intención oficial es difundir en la población la idea de que el triunfo fue contundente.

Prueba de eso fue, por ejemplo, que el diario oficialista El Ciudadano se distribuyó algunos días gratuitamente y en forma masiva en la plaza colonial de San Francisco, la principal de la ciudad, con el título de tapa "El pueblo dijo sí", a pesar de que el oficialismo se impuso levemente en las 10 iniciativas sometidas a consulta popular en medio de denuncias de fraude de algunos opositores.

Por otra parte, lejos de mostrarse conciliador, el presidente ecuatoriano amenazó con destituir a los asambleístas díscolos que ya dijeron en los últimos días que no acatarán los resultados electorales y desafiaron al presidente a que convoque a la "muerte cruzada", mecanismo previsto en la Carta Magna ecuatoriana que faculta al presidente a disolver el Congreso si llama a elecciones. LA NACIÓN / GDA