El Ministerio de Economía desconoce el plan de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y Presidencia que busca elevar los impuestos a la tierra y poner un freno a la concentración de la misma con una tributación progresiva, pero lo analizará cuando se lo presenten.
Fuentes de esa cartera afirmaron a El País que sus jerarcas no han tenido participación ni conocimiento de la posibilidad de cambiar hacia una tributación que grave con mayor tasa de impuesto a la mayor cantidad de tierras, algo que están analizando OPP y la Presidencia.
El desconocimiento del trabajo le impide al Ministerio de Economía (MEF) tener una idea formada al respecto. "No conocemos ese trabajo. Hay gente que está trabajando, en su momento habrá una propuesta y se podrá analizar", dijo el informante. Además, negó que su cartera estuviera trabajando con un objetivo similar.
El País informó ayer que OPP y Presidencia empujarán tres reformas sobre "la bajísima tributación de la tierra, la concentración (de la misma) y el mantenimiento de caminería rural (considerando que el que rompe es el que debe pagar)", según indicaron fuentes oficiales. Una parte del ingreso resultante de la tributación progresiva se destinaría para reparar la caminería rural. Agregaron que "topear" la tenencia de tierras en manos de una misma persona jurídica o física "puede ser inevitable" para atacar la alta concentración, aunque "sería un tope muy alto" que aún no ha sido cuantificado, dijeron.
No obstante, las fuentes indicaron que "aunque se ha trabajado bastante, todavía no hay nada definido" y admitieron que esta propuesta podría generar un choque con Economía, como ocurrió con la rebaja del IVA. En aquella oportunidad, el MEF se mantenía firme en realizar una rebaja generalizada de dos puntos en la tasa básica, mientras que OPP y el presidente José Mujica preferían exonerarla a los más pobres. Finalmente, se optó por un camino intermedio.
El director de OPP, Gabriel Frugoni, dijo al semanario Búsqueda que en cuanto a la tierra "va a haber cambios en lo impositivo y medidas para frenar la concentración".
Al ser consultado sobre la incidencia que está teniendo OPP en las decisiones de política económica en el actual gobierno, Frugoni respondió que "la OPP es parte de la Presidencia y la lógica que está promoviendo el actual gobierno es profundizar el vínculo con la OPP, al igual que con el INE, la Ursea y la Ursec". Agregó que "Economía propone muchas cosas, porque es su rol" pero que la "preocupación por la tierra la puso sobre la mesa el presidente y es un tema que se viene". Resaltó que quien "marca la agenda en materia económica es el presidente de la República" y que el vicepresidente, Danilo Astori, "incide", pero Mujica tiene la última palabra.
Comunas aplican "el que rompe paga"
Antes de que se aplique esta nueva forma de tributación que está estudiando la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), algunas intendencias aplican un sistema de "el que rompe paga". La Intendencia de Rocha aplica un tributo sobre el transporte de carga pesada para destinarlo a reparar caminería rural. Sus pasos serán seguidos por las comunas de Tacuarembó, Cerro Largo y Lavalleja, que pretenden cobrar un impuesto similar, según adelantó El País a mediados del mes pasado.
El jefe comunal de Tacuarembó y presidente del Congreso de Intendentes, Wilson Ezquerra, defendió la aplicación del impuesto en esa oportunidad, en respuesta a las críticas de la Intergremial de Transportistas de Carga y la Sociedad de Productores Forestales. Esta última incluso calificó a la medida de inconstitucional.
Ezquerra estimó que la administración "esperó demasiado tiempo un compromiso" de cooperación y coordinación por parte de las firmas forestales. En ese sentido, dijo estar dispuesto a dejar sin efecto el tributo que equivale al 0,04% de una Unidad Reajustable por tonelada transportada. En un camión de 30 toneladas, esto representa en el entorno de $ 600.
El director nacional de Vialidad del Ministerio de Transporte, Luis Lazo, informó en aquella oportunidad que su cartera destinó unos US$ 100 millones a las intendencias del Interior para atender el mantenimiento de la caminería rural para este quinquenio. Es decir que por año Transporte destina US$ 20 millones para las distintas comunas del país.