La Justicia investiga presuntas irregularidades vinculadas a un pago de US$ 200.000 que realizó el Ministerio del Interior en 2008 para reparar dos aviones. Sin embargo, la empresa contratada devolvió una de las aeronaves. Además, la Secretaría de Estado detectó presuntas falsificaciones de firmas de funcionarios en el proceso de pagos.
El caso fue puesto en conocimiento del juez especializado en crimen organizado Jorge Díaz, que ya ha tomado las primeras declaraciones a los implicados, basado en documentación que le aportó la Secretaría de Estado.
El director general de Secretaría del Ministerio del Interior, Charles Carrera, dijo a El País que le entregó al juez Díaz el resultado de una investigación administrativa que determinó que existieron hechos "con apariencia irregular".
"Nosotros dimos vista al juez, que está investigando, y es quien debe decidir si hubo hechos de corrupción pública o no", señaló el jerarca.
Según el Ministerio del Interior, serían cinco los funcionarios que "no hicieron los debidos controles" respecto a las demoras en las reparaciones de los aviones, dijo Carrera.
"Está bien que se investigue, pero no creo que haya habido mala intención, sino que no se siguió el proceso de legalidad del pago; pero es la Justicia la que debe investigar. Lo que hicimos es tratar de que la empresa cumpla", agregó.
A fines de 2010, la Secretaría de Estado intimó a la empresa contratada a que culminara su labor. La firma entregó uno de los aviones, que está en proceso de ser entregado a la Fuerza Aérea, en el marco de un acuerdo de cooperación institucional.
Sin embargo, todavía no hay noticias del otro avión. Incluso, según dijo Carrera, existen dudas respecto a si económicamente es conveniente o no reparar el aparato, que se encuentra en muy mal estado.