Mentiras de papel

Pablo Da Silveira

Tal vez se trate de una leyenda, pero la historia circula entre los expertos en políticas públicas. Un gobierno latinoamericano estaba preocupado por sus pésimos indicadores sociales y, en un rapto de genialidad, descubrió que uno de los más usados es la proporción de viviendas que tienen piso de material y no de tierra. Desde entonces se dedicó a pavimentar el piso de numerosas viviendas, dejando todo lo demás igual.

El cuento parece aplicarse a la actitud adoptada por las autoridades de la enseñanza: dado que han renunciado a mejorar la educación, se están esforzando por elevar artificialmente los indicadores. Si la repetición es alta, hay que presionar para que más gente sea promovida. Si la deserción es inmensa, hay que flexibilizar los controles de asistencia y aprendizaje.

Las "promociones sociales" en Primaria y las modificaciones del Reglamento de Evaluación y Pasaje de Grado en Secundaria son dos ejemplos de esta actitud. En este último caso, la eliminación de exigencias ha llegado a tal punto que, a partir del año que viene, será posible para un estudiante cursar materias de tres años distintos: cuarto, quinto y sexto de Bachillerato. Desde luego, los invitados a esta hazaña no serán los estudiantes más brillantes sino aquellos que tienen más dificultades.

Hay que admitir que las autoridades educativas están mostrando cierto talento para el marketing. A este conjunto de medidas no le llaman "pulverización de los niveles de exigencia" sino "evaluación inclusiva". Pero las palabras bonitas no alcanzan para ocultar lo que está ocurriendo. Y lo que está ocurriendo es tan grave que conviene decirlo del modo más claro posible: lo que están impulsando las autoridades educativas es una gran mentira. Aunque, como suele ocurrir con las grandes mentiras, en su origen hay una media verdad.

Las autoridades tienen razón cuando sostienen que la desvinculación del sistema educativo es una experiencia frustrante para cualquier chico de 14 o 15 años. Pero mucho más frustrante es la experiencia de un muchacho de 18 o 20 años que entra al mercado de empleo con el título de Bachiller en la mano y descubre que nadie lo toma en serio.

Nos guste o no, una de las principales tareas de la educación formal es acreditar que una persona ha realizado ciertos aprendizajes que la sociedad considera relevantes. Y la dura verdad es que, si la enseñanza pública renuncia a cumplir esa tarea, los empleadores no demorarán en recurrir a nuevas estrategias de selección. En ninguna parte está escrito que deba utilizarse el diploma de Bachiller como criterio.

Colocar a más gente en condiciones de realizar tareas calificadas es un objetivo noble y valioso. Especialmente lo es si se coloca en esa situación a gente que tuvo pocas oportunidades en el punto de partida. Pero eso no se logra repartiendo papelitos que están condenados a devaluarse. Por esa vía solo aumentaremos el tamaño de la clientela que dependerá de las ayudas estatales para sobrevivir. También por este camino, quienes hoy nos gobiernan nos están hundiendo en la peor versión de América Latina.