JAVIER GARCÍA
Debatimos tanto sobre los derechos humanos violados hace cuarenta años que perdemos de vista los que no defendemos hoy. Quizás estos últimos tengan menos militantes que aquellos y menos prensa, hasta orfandad de ONGs que los promuevan, no son rentables.
Sin embargo hoy voy a dedicar estas líneas a los derechos de miles de mujeres uruguayas que enfrentan la eventualidad de padecer cáncer sin que puedan acceder a medios que lo eviten por estrictas razones económicas. Si la política no se dedica a estas cosas, está de más.
Horas atrás presentamos con toda la bancada de legisladores del Partido Nacional un proyecto de ley para que la vacuna contra el virus del Papiloma Humano (HPV) sea incluida en el certificado esquema de vacunación y puedan acceder a ella en forma gratuita y obligatoria todas las niñas y adolescentes sin distinción alguna e independientemente de las posibilidades económicas que tenga su familia. Este cáncer, el tercero en incidencia entre nuestras compatriotas, produce la muerte de una uruguaya cada poco más de dos días. Hoy morirá una y durante el próximo lunes otra y así sucesivamente. Se diagnosti- can 350 casos por año y en los últimos registros se nota un aumento de la mortalidad por esta enfermedad.
Desde el período pasado el Partido Nacional, tanto desde la Cámara de Representantes co-mo desde su Convención y las comisiones y centros de estudios que lideran nuestras compañeras, insistió con la necesidad de que se autorizara su ingreso al país, cosa que la anterior ministra de Salud Pública negaba, hasta que la movilización y la evidencia se impusieron, y ahora proponemos un paso más. La vacuna está en el país pero a ella solo pueden acceder quienes disponen de importantes recursos, es muy cara. Por lo tanto solo pueden prevenir este cáncer tan frecuente quienes pertenecen a una familia que se la puede costear, que es la minoría. Es una inmoralidad que esto pase: mientras pocas pueden prevenir el cáncer, otras, la mayoría, están echadas a su suerte.
En el mundo este tema está muy avanzado. En Europa se incluye en inmensa cantidad de países, en EEUU vacunan también a los hombres, y por aquí Argentina y Brasil están en la línea de lo que estamos proponiendo nosotros.
No creemos necesario entrar a argumentar la posibilidad económica que tiene el país para financiar su administración a las niñas, porque nos importa antes que nada los costos humanos, pero si allí nos llevan hablaríamos de los valores altísimos que tienen los tratamientos una vez producida la enfermedad, aquí también más vale prevenir que curar. Ni hablar del dinero mal gastado en el Estado.
Por eso vamos a trabajar y a tratar de convencer que se apruebe, porque es de justicia social, de equidad y es una política en materia de salud pública de alto impacto. Los derechos humanos de las 140 uruguayas que mueren todos los años por cáncer de útero, pudiendo evitarse, también importan.
Los políticos tenemos la opción de vivir enchufados cobrando cuentas de cuarenta años atrás o dedicarnos a defender los derechos humanos de esta generación. Se violan en silencio, pero son igual de importantes.