Derechos y obligaciones

Los derechos y las obligaciones son los dos platos en la balanza del ciudadano y deben estar nivelados para que no se pierda un equilibrio en el funcionamiento de la sociedad. En ese aspecto ocurre algo similar a lo que sucede cuando un individuo compra un objeto cualquiera, transacción en la que existe un acuerdo elemental entre el objeto y el precio que se paga por él. A un nivel más trascendente, las obligaciones son el precio que el ciudadano paga para conservar sus derechos, y allí también debe haber una proporción adecuada, aunque la naturaleza del vínculo entre el Estado y el ciudadano parezca degradarse si se la compara con una gestión comercial. Tiene algo de ella, sin embargo, ya que si el individuo deja de cumplir puntualmente con sus obligaciones -sobre todo cuando son de índole económica- se le imponen multas y sanciones, castigo propio del mal pagador en cualquier terreno de actividades.

En la lógica de un ordenamiento legal figura el principio de que nadie puede ser obligado a pagar dos veces por una misma cosa, pero en la carga fiscal que pesa sobre los uruguayos figuran algunas imposiciones que violan ese principio, porque se duplican o triplican si paga patrimonio (IP). Están habilidosamente disimuladas para no ser advertidas a simple vista o para ser legitimadas bajo el manto de un compromiso social o un servicio indispensable, aunque al fin y al cabo se cobran dos veces con afinada estrategia recaudadora. Sus beneficios se reparten entre la administración central y el ámbito municipal, o incluso entre un organismo estatal y una empresa privada.

Un caso de esos es la contribución inmobiliaria, tributo que vuelve a recaer sobre los propietarios (y sólo sobre ellos) mediante el impuesto de Primaria, por motivos que sólo pueden explicar la voracidad fiscal o sus insatisfechas necesidades presupuestales. Otro caso es la tarifa que cobra OSE por el agua potable, que vuelve a pagarse bajo la forma de una tasa de saneamiento que cobra la Intendencia Municipal, aunque en ese ejemplo de reincidencia se paga en un caso por el agua que entra en las casas y en el otro por el agua que sale, lo cual supone para las empresas públicas un astuto reparto de ingresos. Una tercera reiteración es la cuota mensual que cobran los servicios de medicina de urgencia, porque vuelve a pagarse -esta vez al Banco de Seguros del Estado- bajo la forma de un recargo en el costo del seguro automovilístico, desde que esas empresas se negaron a concurrir gratuitamente cada vez que se reclama su presencia (obligatoria) en el escenario de un accidente callejero.

Ante el doble peso que significa todo lo señalado, el ciudadano que asume con doble valentía su papel de contribuyente ante la provechosa tartamudez del sistema impositivo, puede meditar con ironía sobre la frase que pronunció varias veces el anterior presidente de la República. Esa frase dice: "que pague más el que tiene más" y fue pronunciada con el estilo de una demagogia algo simplista que sin embargo no falla, porque está dirigida a la precaria capacidad analítica y a la complacencia de una feligresía creyente y sumamente dócil. De no ser así, esos oyentes sabrían que quien tiene más ya está pagando más (y a veces doblemente). Mientras desembolsa sus contribuciones a las arcas públicas, el ciudadano puede pensar en aquella balanza de derechos y obligaciones.

Porque entre esos derechos debería figurar el de obtener trámites burocráticos más eficientes, breves y veloces, junto al derecho de vivir en un marco de razonable seguridad, que se ha perdido bajo una realidad azotada por la violencia, sin olvidar el derecho a percibir un retiro jubilatorio acorde a los aportes vertidos y no a la estrechez de unos topes que desvirtúan toda justicia previsional, sin dejar de lado el derecho a recibir servicios públicos de valor similar al empinado monto tributario que se descarga sobre el contribuyente. Luego de esa reflexión, los que pagan más comprueban que el equilibrio de la balanza se ha roto.