El juez especializado en crimen organizado Jorge Díaz, ordenó el levantamiento del secreto bancario y de la reserva de las declaraciones juradas del subdirector de Aduanas Guzmán Mañes, del ex- juez de Aduanas Gustavo Pini, y de los exfiscales Hugo Barrios y Enrique Moller.
La decisión se dio en el marco de un expediente en que el magistrado y la fiscal Mónica Ferrero investigan la denuncia de un millonario contrabando y de otras irregularidades, presentada por el despachante José Cardoso Lareo contra la empresa Motociclo y los antes mencionados.
A quienes se les levantó el secreto bancario ya declararon ante el juzgado, donde negaron de plano la veracidad de las irregularidades denunciadas por el despachante.
Cardoso, representante de la empresa Cavana S.A., que fabrica las motos marca Zanella, denunció en 2005 por contrabando ante un juzgado de Aduanas a la empresa Motociclo, por declarar la importación de kits que en realidad eran motos ya armadas.
Dicho expediente fue archivado por el juez Pini, a pedido del fiscal Barrios; también se archivó una investigación de Aduanas sobre estas importaciones. Posteriormente, la jueza Fanny Canessa clausuró un expediente penal a solicitud del fiscal Enrique Moller.
Fuentes del caso indicaron a El País que, al tratarse de hechos ocurridos años atrás y que fueron archivados tanto en Aduanas y en un juzgado de Aduanas, así como en una sede penal, es muy difícil que aparezcan nuevos elementos para determinar que existieron delitos penales. Añadieron que, de surgir del levantamiento del secreto bancario o de las declaraciones juradas datos que generen dudas sobre la conducta de los denunciados, se investigará.
Acusaciones. En la denuncia, Cardoso acusa a la empresa de incurrir en contrabando; al subdirector de Aduanas (que en ese entonces desempeñaba tareas en la dirección de Fiscalizaciones de ese organismo) de "faltas flagrantes a sus deberes funcionales" y de que "indujo a la Justicia, o contó con su acuerdo para convertirse en cómplice o encubridor de sus delitos".
A los magistrados los acusa de ocultar una ilegalidad, de "convergencia de intereses". Respecto a Pini sostiene que con sus conocimientos, "mal puede ignorar olímpicamente las ilegalidades acumuladas en el caso de Motociclo y dejarlas pasar como las dejó".