Gobierno lanza operativos en el litoral para bajar informalidad

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MARCELA DOBAL

El gobierno lanzará operativos en las zonas fronterizas para reducir la informalidad, que allí es de las más elevadas. Además convocó a empresarios y Pit-Cnt a presentar ideas para combatir la irregularidad que alcanza al 28,9% de los ocupados.

Según un estudio del Instituto Nacional de Estadística, al cierre de 2010 el porcentaje de trabajadores "en negro" se elevaba hasta alcanzar el 45% en Cerro Largo y Rivera y superaba el 30% en Soriano y Salto, mientras que a nivel nacional, en este entonces, la irregularidad abarcaba al 25% de los ocupados.

Con esos niveles de informalidad en la frontera, la Inspección General de Trabajo realizó un operativo en esa franja del territorio y ahora se apresta a realizar otros en la frontera con Argentina, según informó su titular, Juan Andrés Roballo, a El País.

"La idea es tener una llegada especial. En lo que tiene que ver con la Inspección de Trabajo ya tuvimos operativos con Brasil a fines del año pasado en el área de canteras y trabajo rural en Artigas", indicó.

También dijo que se está trabajando con "operativos espejo", donde actúan inspectores uruguayos con un veedor brasileño por la frontera uruguaya o inspectores brasileños con un veedor uruguayo por el territorio brasileño.

Ese asunto había sido destacado por el ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, en su discurso del 1° de mayo, cuando mencionó que para algunas zonas fronterizas "se coordinaron operativos con las autoridades correspondientes de Argentina y Brasil".

La coordinación es previa pero también se hace un análisis tras que el operativo es realizado, explicó el jerarca. "Vamos a profundizar eso. De hecho, este año tenemos comprometido un operativo en el litoral con la República Argentina. Es decir, tanto en la frontera con Brasil y con Argentina, en los puentes, vamos a desarrollar operativos", resaltó Roballo.

Prefirió no dar detalles aún sobre las características de las inspecciones. "Nos vamos a reservar la información sobre qué ramas de actividad vamos a fiscalizar para lograr una mayor eficiencia", dijo.

REUNIÓN. Ayer, representantes de varios ministerios y organismos fiscalizadores comenzaron a trabajar en el "Ámbito por la Inclusión y la Formalización del Trabajo" por primera vez junto a las organizaciones sociales. En la reunión se pusieron sobre la mesa cuáles son los focos en que se pondrá mayor atención.

Se habló sobre el trabajo de los repartidores a domicilio (delivery), de los carritos, del trabajo de extranjeros y del multiempleo subdeclarado y se espera que empresarios y trabajadores aporten sus ideas en una nueva reunión que ya se fijó para el 16 de junio.

El dirigente del Pit-Cnt Edgardo Oyenart dijo a El País que en la reunión se planteó la necesidad de trabajar en la regularización con el concepto de "inclusión". "Para nosotros ése es el componente principal para tratar el tema. No lo vemos del punto de vista impositivo o legal sino como un derecho humano", indicó. Planteó que las acciones apunten a los trabajadores informales que se encuentran en la calle y que no solo se solucione su situación ampliando de los grupos comprendidos por el monotributo sino también por otras políticas de empoderamiento.

En tanto, el asesor de la Cámara de Comercio, Juan Mailhos, dijo a El País que la preocupación del empresariado se centra en la competencia desleal que supone el informalismo para los comercios establecidos. Mencionó las ferias que se instalan en épocas de mayores ventas, "que muchas veces son promovidas por los gobiernos departamentales". "Hasta se pone en riesgo la salud pública. Lo vemos con el rubro alimenticio, pero también con elementos ópticos", agregó. Además, planteará que "muchas veces la política de fiscalización agravia a las empresas que están instaladas y en algunos casos genera complicaciones innecesarias e indefensión".

Los sectores con mayor probabilidad de registrar informalidad en al menos cinco departamentos son el de madera y papel, las fábricas de muebles y las industrias metálicas y de minerales no metálicos, según datos del Banco de Previsión Social (BPS) a los que accedió El País.

Esos datos, que son usados a modo de ejemplo en un documento que maneja el directorio de la institución, refieren a Montevideo, Artigas, Canelones, Cerro Largo y Colonia.

El Ámbito por la Inclusión y la Formalización del Trabajo, integrado por los organismos recaudadores (DGI, Aduanas y BPS) y varios ministerios trabajará con mapas de inteligencia fiscal para determinar qué sectores y qué áreas del territorio son más propensos a registrar trabajo "en negro".

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) se ofreció a proporcionar el suyo, pero BPS ya trabaja con uno propio. Sus datos muestran que el rubro madera y papel registra probabilidad de informalidad de 66,5% en Cerro Largo y de 55,7% en Colonia. En lo que a muebles respecta, el riesgo se eleva a 83,7% en Artigas y 57,8% en Canelones. En Colonia es de 34,5% y es el sector que registra mayor porcentaje en Montevideo (29%).

Las industrias metálicas básicas tienen probabilidad de informalismo de 70,4% en Cerro Largo y de entre 30,4% y 34,1% en Artigas, Canelones y Colonia. En tanto, las fábricas de "otros minerales no metálicos" tienen niveles de 74,3% en Artigas, 76,7% en Cerro Largo y 70,4% en Colonia. En Montevideo y Canelones no ocurre lo mismo (20% y 22,9%, respectivamente). Otros rubros con niveles relativamente altos de riesgo en algunas zonas son construcción, hotelería y restoranes.