Repecho de la violencia

En cualquier conflicto, las escaramuzas se convierten en una guerra cuando los episodios sueltos de violencia se generalizan bajo una conducción centralizada, asumiendo otra escala y transmitiendo al conjunto de la población la conciencia de estar involucrado en el fenómeno. Una sensación de ese tipo pueden haber tenido los montevideanos ante los megaoperativos policiales desplegados en zonas turbulentas de la ciudad, porque más allá de su eficiencia como recursos represivos, inauguran una escala mayor en el combate contra la delincuencia y el tráfico de drogas, pasando del enfoque de episodios aislados a un plan de campaña global.

Que esa estrategia llegue a funcionar debidamente, depende de la frecuencia y sobre todo de la continuidad de tales planes de saturación, porque el panorama que enfrentan también tiene su escala ascendente. No son raras las tardes en que se producen tres o cuatro rapiñas a locales comerciales, no son raros los menores infractores con 60 o 70 anotaciones policiales en su foja, no son raras las fugas desde establecimientos de reclusión del INAU, como las ocho que tuvieron lugar en la semana del 11 al 17 de abril, seguidas del secuestro a mano armada (mal llamado rescate) de otro menor que era trasladado en una camioneta oficial.

Como las autoridades han demorado en reaccionar ante esa embestida, lo notable es que la población civil comenzó por su cuenta a tomar cartas en el asunto. Un ejemplo al respecto son los residentes de Punta Gorda, que se han organizado ante la oleada de arrebatos, hurtos y copamientos integrando la comisión Vecinos en Alerta, para hacer frente a la amenaza. Comenzaron por formar cadenas telefónicas para comunicarse cualquier riesgo, pero han mejorado la idea distribuyendo silbatos para tender una cadena sonora que avise cuando surge un peligro. A ese extremo de tensión colectiva se ha llegado en esta ciudad, aunque el deterioro del clima social no se detiene allí.

Revela su gravedad cuando se observa el crecimiento de los niveles de agresividad que exhibe la población marginal ante la presencia policial, porque esos sectores han respondido más de una vez apedreando a los patrulleros y a los propios efectivos, sin faltar en algunos casos los disparos de armas de fuego. También en esos desacatos se registra el encono gradual de las conductas, igualmente visible en el comportamiento cada día más frenético de la delincuencia juvenil y en los casos en que esa ferocidad puede llegar al homicidio. Los megaoperativos de la policía podrán servir como frenos temporarios ante tales arremetidas, pero corresponde agregar que son una respuesta algo tardía ante la brutal emergencia que vive hoy la población. Hace ya tiempo que la gente está pidiendo la protección que a menudo no obtiene, contra el asedio de una criminalidad que ha deteriorado severamente la calidad de vida y los hábitos comunitarios de buena parte de los uruguayos.

Lo impostergable es reconocer el ritmo con que va aumentando la amenaza de los agresores, como consecuencia del profundo quebranto de una malla social en la que ha crecido inconteniblemente una clase periférica, ajena a los beneficios de la educación, de la convivencia y de la integración. Esa es la dramática paradoja de un país cuya masa de población no aumenta, pero se desequilibra por el sobrepeso demográfico de ciertos sectores. Así se ha llegado a un punto en que el estado general de alarma se manifiesta de varias maneras, desde el surgimiento de comisiones vecinales para compensar el miedo a través de la acción organizada, hasta los primeros desembarcos masivos de la fuerza pública en puntos conflictivos de la ciudad. Todos ellos son síntomas que permiten leer el sismógrafo de la violencia, para no engañarse y comprobar cómo las escaramuzas se transforman poco a poco en una guerra.