Justicia aún sin pruebas claras

El tenor a las presuntas amenazas de militares a jueces y fiscales a través de un video/imágenes, está siendo investigada desde mediados de marzo por el juez especializado en crimen organizado Jorge Díaz y la fiscal Mónica Ferrero.

A nivel policial, la indagatoria está siendo desarrollada por la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, cuyos efectivos han mantenido varias reuniones de coordinación con el juez Díaz y la fiscal Ferrero.

Ayer, el magistrado se volvió a reunir con los investigadores policiales con el objetivo de evaluar los avances de la indagatoria y determinar los pasos a seguir.

Según dijeron a El País fuentes del caso, la investigación continúa abierta pero todavía no hay elementos "plausibles" que permitan ubicar a los autores del presunto video.

Hasta el momento, la única persona que admitió haber tenido contacto con el material es el presidente José Mujica, y por ese motivo el pasado 25 de marzo el juez Díaz y la fiscal Ferrero lo interrogaron en la residencia oficial de Suárez y Reyes.

En su declaración, Mujica dijo que no vio un video sino imágenes en una computadora, las cuales se las facilitó un militante del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros (MLN-T). El presidente ya había transmitido esa situación a varios integrantes de su gabinete.

La investigación judicial se inició a pedido de la fiscal Ferrero, luego de que el semanario Búsqueda publicara el pasado 11 de marzo la transcripción de la proclama del denominado "Ejército Nacional Libertador". Sin embargo, la Dirección Nacional de Información e Inteligencia ya había puesto en conocimiento del juez Díaz el asunto días antes.

La indagatoria se está realizando bajo la hipótesis del delito de terrorismo, previsto en la ley de Prevención del Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo, vigente desde 2004.

La norma, en su artículo 14°, define como actividad terrorista cualquier acción que tenga como objetivo "intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo".

La ley sanciona con una pena de entre tres a 18 años de prisión a quien "directa o indirectamente" organice o recolecte fondos para financiar actividades terroristas.

La Suprema Corte de Justicia ofreció a los jueces que tramitan casos por hechos de la dictadura la posibilidad de contar con vigilancia especial, cosa que fue descartada por los magistrados.