Mercado liberado y socio privado

La situación de Ancap fue tema de debate en la comisión multipartidaria que acordó el documento sobre energía, firmado en febrero de 2010.

Allí hubo consenso en que se requiere de "importantes inversiones en infraestructura de manera permanente pero, en particular, en los próximos años", y se manejó la posibilidad de recurrir a "formas novedosas de financiación" como el mercado de valores o asociaciones con privados.

Blancos, colorados e independientes querían además analizar la desmonopolización del mercado de los combustibles, "con el objetivo de lograr una mayor eficiencia en beneficio del consumidor". El Frente Amplio, "compartiendo el objetivo y sin negarse a discutir ningún escenario", entendió que este "no es el instrumento actualmente más adecuado".

En el capítulo "Principales líneas de acción acordadas", los cuatro partidos coincidieron que en el caso de las naftas había que ampliar y actualizar la refinería de La Teja, eventualmente en asociación con operadores seleccionados mediante procedimientos licitatorios.

La posibilidad de asociar a Ancap con privados se viene manejando desde hace años, sin que el sistema político encuentre una salida. De hecho, el último gran debate se dio en el gobierno de Jorge Batlle (2000-2005), cuando a través de un referéndum se derogó una ley que autorizaba a Ancap a asociarse con privados y ponía fin al monopolio para la importación de combustibles a partir de 2006. Esa ley preveía conceder al socio privado el 49% de las acciones y reformar la refinería de La Teja.

El Frente Amplio apoyó el referéndum derogatorio. La coalición de izquierda tenía otros planes: en agosto de 2005, seis meses después de la asunción del presidente Tabaré Vázquez, se anunció un acuerdo con Pdvsa para la explotación conjunta de yacimientos de petróleo, y una inversión de US$ 500 millones en la ampliación de la planta de La Teja para refinar el crudo pensado que se extraería de la Franja del Orinoco, en Venezuela. Sin embargo esta inversión no se concretó. La oposición, a través del Partido Nacional, planteó que el socio privado se buscara por medio de una licitación internacional.