RICARDO REILLY SALAVERRI
Dijo Artigas: "Mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana". Tal la afirmación de soberanía popular que nos hizo ser diferentes del resto del continente desde los orígenes.
Dice ahora la mayoría parlamentaria del Frente neomarxista: "Vuestra soberanía emana de nosotros y ella cesa ante nuestra presencia soberana".
La arbitrariedad y la violación de la Constitución y de la Ley están laudadas.
Así de simple, los "idiotas latinoamericanos" residentes entre nosotros, según el célebre rótulo del libro que caracteriza a los promotores de las tiranías y grandes fracasos políticos y socioeconómicos de América del Sur (ver Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano, de la autoría de Plinio Apuleyo Mendoza, Carlos Montaner y Álvaro Vargas Llosa, ed. Atlántida), han prostituido una vez más la acción parlamentaria libre actuando como autómatas regimentados tras una mayoría circunstancial, disfrazados de legisladores.
Confirmando que siempre han hecho uso de nuestro prócer y las mejores tradiciones nacionales, nada más que co-mo envase para disimular su vacuidad de espíritu republicano. Dos pronunciamientos plebiscitarios del pueblo uruguayo, con todas las garantías y las urnas se han enterrado, a partir de un criterio que si se le lleva a sus máximas consecuencias, nos conduciría a concluir que en este país nadie representa a nadie, por más baño de cuarto secreto y de urna que tenga.
Y en que, jugando con las instituciones un puñado de pocos ciudadanos puede ignorar cualquier decisión tomada expresamente por el pueblo.
Obviaré comentarios sobre la ley de caducidad, sobre lo inadmisible técnicamente de su contenido, sobre las consecuencias imprevisibles que jurídicamente pueden advenir al abrir esta caja de Pandora, si definitivamente la mayoría parlamentaria agazapada en Diputados ratifica la decisión de la escuálida mayoría del Senado. Y, si el Poder Ejecutivo promulga el atropello y le da fuerza de ley. Los comentarios públicos abundan. Iré a algo más que no se suele mencionar.
La venganza sostenida, en particular contra nuestras Fuerzas Armadas movida por hipocresías monumentales (los comunistas y los terroristas no arrepentidos rasgándose las vestiduras por los derechos humanos es un sainete inconcebible), tiene también una finalidad de lucro.
A los que no son ajenos los muchos abogados que revolotean como cuervos sobre la democracia herida.
Tiene un número: ley 18.596. Con una amplitud de circunstancias al infinito, se indemnizará a víctimas y familiares de víctimas de la represión, con la amplitud de criterio más amplia que concebir se pueda, con sumas que van de 35.000 a 50.000 dólares, más o menos. Los casos serán evaluados por una comisión de ministros proclives a la pata ancha y militantes de organizaciones adictas a la causa leninista. Sin debido proceso. Todo se resolverá en un reparto al granel de los dineros públicos, sin control alguno.
Por lo menos que se indemnice a las víctimas y familiares del terrorismo. Ya. En esta historia de nunca acabar.