ANDRÉS LÓPEZ REILLY
Tras dos meses y medio de discusiones en comisión, la Junta Departamental terminó de aprobar esta madrugada el Presupuesto Quinquenal de Montevideo. Los ediles de la oposición reiteraron sus cuestionamientos a una ley que no apoyaron en general y de la que votaron un puñado de artículos en particular.
Pero lo que llamó la atención, en la maratónica jornada legislativa, fue el retiro a último momento del polémico artículo 7° del Presupuesto, que todos los jerarcas municipales defendieron a ultranza en comisión y que -según la oposición- podía provocar una catarata de demandas contra la Intendencia.
Con este párrafo, la administración municipal pretendía "corregir" la situación en la que se encuentran miles de personas que habitan en complejos habitacionales y que poseen la calidad de "promitentes compradores" -legalmente no son "propietarios"-, que según un fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (para un caso en particular), no deben pagar la Contribución Inmobiliaria.
Con la aprobación del ar-tículo, la Intendencia establecería por escrito -porque ya lo venía sosteniendo en los hechos- que estas personas eran pasibles del tributo.
Sin embargo, el edil nacionalista Miguel Di Ruocco advirtió que si este artículo era aprobado, se reconocería tácitamente que los promitentes compradores que han venido tributando, no deberían haberlo hecho. Esto se debe a que se legisla "hacia delante", sin efecto retroactivo.
INTERNA OFICIALISTA. Los propios ediles del Frente Amplio dejaron clara su preocupación desde el comienzo por este artículo que los directores de Recursos Financieros y de Jurídica de la Intendencia, Arturo Echevarría y Ruben Beltrame, respectivamente, defendieron cada vez que comparecieron ante la Junta. La última vez que lo hicieron fue el 30 de marzo, cuando reiteraron sus posiciones favorables sobre la norma.
Previamente, la Intendencia intentó corregir la redacción y dio forma a un nuevo artículo en el que -según sus jerarcas- la administración se colocaba a resguardo de las demandas. Sin embargo, el Banco Hipotecario (BHU) y la Agencia Nacional de Viviendas, propietarios de la mayoría de los complejos, quedaban más expuestos a juicios.
El edil Di Ruocco informó a El País que se "bajó" el artículo 48 horas después que se contactó con un jerarca del BHU que entendió que su redacción era "inconveniente".
Fuentes del Ejecutivo municipal dijeron sin embargo a El País que el director de Jurídica defendió el texto hasta último momento sin estar de acuerdo con él, para mantener un "criterio único" como administración. El único que lo apoyaba realmente era el director de Hacienda.
La falta de entendimiento entre Beltrame y Echevarría, respecto a las consecuencias del artículo, sería entonces la causa de su eliminación, según las fuentes municipales.
Mirando hacia adelante
Según el edil Di Ruocco, la eliminación del artículo también abre un camino para iniciar juicios contra la Intendencia, porque queda claro que se intentó corregir algo "que estaba mal y que seguirá estando mal".
La IMM, sin embargo, sigue sosteniendo que por un acuerdo que el BHU tiene con los promitentes compradores, éstos deben pagar la Contribución.
El edil nacionalista Juan Curbelo dijo que los jerarcas municipales defendieron el polémico texto porque "primaba la voracidad fiscal del departamento de Recursos Financieros de la Intendencia". El aliancista Álvaro Viviano opinó, en tanto, que los directores municipales demostraron estar "pintados", al defender durante dos meses y medio algo que después retiraron.