La defensa de los hermanos Daniel y Gustavo Trocki -ex proveedores de la Armada- ofreció que sus clientes declaren por videoconferencia en el expediente en que se indagan irregularidades en la fuerza de mar.
Luego que la Justicia especializada en crimen organizado comenzó a investigar su actividad como proveedores de la Armada, los hermanos Trocki dejaron el país y se instalaron en Israel.
La indagatoria judicial sobre ilícitos en la Armada está a cargo de la jueza Graciela Gatti y la fiscal Mónica Ferrero. Por este expediente ya hubo varios oficiales procesados, entre ellos el ex comandante en jefe Juan Fernández Maggio.
Entre los negocios en que habrían intervenido los Trocki y cuya legalidad es investigada, se encuentran la adquisición de 16 lanchas patrulleras por US$ 6,2 millones en 2008 para la misión de paz en ONU, siendo que había una oferta inferior y por embarcaciones de presunta mejor calidad, y una compra de cabos (cuerdas) para buques también en 2008.
"Pretendemos mediante videoconferencia puedan declarar, así el juzgado obtiene los elementos que estime del caso para seguir con la causa y poder direccionar bien la defensa de nuestros clientes, porque como hay tanto secretísimo no he podido avanzar", expresó Miguel Langón, abogado defensor de los hermanos Trocki. "Pretendemos dar transparencia, luminosidad y colaboración", añadió.
Langón señaló que esta colaboración está prevista en la convención de San Luis del Mercosur y en la convención internacional de Palermo contra el crimen organizado. "No hay ningún medio de prueba prohibido ni inconveniente en esto que planteamos, que no es costoso y el juez puede sacarse dudas sin necesidad que tengan que trasladarse hasta acá", expresó el penalista,
Respecto a la no comparecencia de sus defendidos ante el juzgado del crimen organizado con sede en Montevideo, Langón recordó que los hermanos Trocki no están requeridos ni procesados y se preguntó quién costea sus pasajes para concurrir a declarar.
En tanto, son cinco empresarios los más comprometidos en los negocios de venta de vales de combustible que realizaban oficiales de la Armada a estaciones de servicio, dijeron a El País fuentes del ministerio de Defensa.