Un proyecto de ley del Nuevo Espacio a estudio del Parlamento faculta al Poder Ejecutivo a prohibir, suspender o restringir la exportación de cobre y aluminio con el fin de desalentar el robo de cables y de artefactos de esos metales, lo que cuesta al país varios millones de dólares al año.
Según el autor de esta iniciativa firmada por la bancada del Nuevo Espacio, diputado Horacio Yanes, el robo de estos elementos "está vinculado en buena medida al fuerte aumento de los precios del cobre en el mercado internacional y su impacto sobre los precios internos".
El proyecto de ley dispone la creación de un Registro Nacional de Industrializadores y Comercializadores de Metales, con inscripción obligatoria para todos los que comercian con cobre y aluminio, y un conjunto de exigencias dirigidas a establecer una cierta trazabilidad del producto, por ejemplo en cuanto a la documentación e identificación de las partes que intervengan en las transacciones con esos metales.
El proyecto establece además cuáles son los organismos públicos que podrán realizar tareas inspectivas y fija varias sanciones previstas para distintos incumplimientos de esta iniciativa.
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