Hay 18 procesados por la red de contrabandistas

SALTO | LUIS A. PÉREZ

Lo que el grupo de elite de Aduanas denominó Operación Frío Polar terminó con el procesamiento de 18 personas y la caída de una extendida organización de contrabandistas. Aún se ignora el monto de las operaciones y el caso podría tener más derivaciones.

La jueza penal de Salto, Marcela Vargas, terminó de dictar los procesamientos sobre las 2 de la madrugada de ayer. El fallo impuso el procesamiento con prisión para 13 de los involucrados -el contrabandista Sergio Gazzave, que se señala como "cerebro" de la red y sus dos socios, empresarios vinculados al "bagashopping", el resto son los funcionarios de Aduanas, Migración y barrera sanitaria- por delitos de asociación para delinquir en concurrencia fuera de la reiteración con un delito continuado de contrabando. En tanto, los cinco comerciantes detenidos en Montevideo terminaron procesados sin prisión por un delito continuado de contrabando.

La lista de procesados incluye al sargento de Policía Wanderley Fagúndez, que revistó en la Dirección Nacional de Migración, y que había sido procesado hacía pocas semanas sin prisión por su vinculación con otra red de traficantes de drogas a los que se les incautó 21 kilos de cocaína.

El final de la Operación Frío Polar que emprendiera el Grupo de Respuesta e Información Aduanera (GRIA) de la Dirección Nacional de Aduanas -un equipo de elite formado por policías provenientes de la Jefatura de Montevideo, de Interpol y de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia- es sin embargo provisorio, ya que el caso podría tener aun derivaciones. Ello se comenzaría a tratar cuando el expediente derive a juzgados especializados con sede en Montevideo (ver nota aparte).

Por lo pronto, la investigación que se inició en junio de 2010 logró documentar y sumar pruebas sobre los sobornos que pagaron los comerciantes ahora procesados a los funcionarios que se desempeñaban en el puesto de control integrado sobre el puente internacional. Se manejó que alrededor de dos millones de pesos fueron girados a través de la red Abitab.

Pero los montos, tanto de la defraudación por ingreso de mercancía de contrabando, como por más sobornos, podrían ser superiores.

SUPERPOBLADO. La primera consecuencia del procesamiento masivo fue la de crear más superpoblación para la cárcel departamental de Salto.

Desde ayer el número de reclusos pasó a ser de 186, una cifra récord ya que la cárcel salteña fue concebida para alojar a unos 80 reclusos.

El jefe de Policía salteño, Carlos Ayuto, explicó que se alojó en forma provisoria a los procesados en varias comisarías, para "no distorsionar la tranquilidad del establecimiento penitenciario". No obstante, ayer a mediodía ya se los derivó a la cárcel local.

Uno de los abogados salteños de la decena que representan a los distintos involucrados señaló que, al contrario de su opinión, muchos piensan en apelar el fallo. El abogado Adán Lima, en declaraciones difundidas ayer por Radio Carve, señaló que no es "partidario de apelar ahora el procesamiento". El asesor letrado indicó que a su juicio "el problema es que si apela uno, como estamos todos en el mismo expediente, puede entorpecer el otorgamiento de las libertades (anticipadas)".

En cambio, Lima indicó que estudiará algunos aspectos legales del procedimiento llevado a cabo en la investigación previa. El abogado indicó que, en este sentido, "se ha estudiado si no es inconstitucional" la metodología empleada, ya que la Constitución "habla de las pesquisas secretas y aquí podría interpretarse que esa ley permite la pesquisa secreta", en alusión a las escuchas telefónicas hechas en la investigación. (Producción: Renzo Rossello)

Un caso en manos de dos magistradas

La jueza especializada en Crimen Organizado, Graciela Gatti, podría tomar competencia en el caso. Tal extremo, indicó a El País el vocero de la Suprema Corte, Raúl Oxandabarat, aún no fue resuelto. "Para tomar competencia, primero tiene que declinar en forma manifiesta la jueza Vargas al redactar el auto de procesamiento y decir allí en favor de qué juez declina. Y luego el juez, en este caso el jueza Graciela Gatti que está de turno, deberá evaluar si asume o no competencia", explicó el portavoz. Los juzgados especializados en Crimen Organizado tienen jurisdicción nacional en varios temas -defraudación tributaria, lavado de activos, asociación para delinquir, terrorismo, entre otros- y jurisdicción en Montevideo y Canelones para el resto de los delitos.