Menores: persiste falta de acuerdo por antecedentes

Mantener los antecedentes de los menores y establecer el carácter jurídico del Instituto de Responsabilidad Adolescente generaron ayer diferencias entre el oficialismo y la oposición en la comisión especial bicameral sobre seguridad pública.

Sí hubo acuerdos en aumentar de 60 a 90 días el plazo que tienen los jueces de menores para dictar sentencia y que los magistrados y los fiscales no necesitarán un informe del INAU para fijar una sentencia contra un adolescente infractor.

Participantes de la reunión manifestaron que existieron roces en la comisión entre el senador blanco Carlos Moreira y el diputado socialista Julio Bango.

El parlamentario blanco señaló que era difícil concretar acuerdos con la izquierda, ya que esta mantenía posiciones contradictorias en temas vinculados con la seguridad. Bango replicó que el FA siempre cumplía con los acuerdos concretados con la oposición.

En la comisión bicameral, el Frente Amplio planteó posponer el tema del mantenimiento de los antecedentes de los menores cuando estos cumplan 18 años, ya que existen diferencias en la interna izquierdista.

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, propuso que los legajos de los menores deben mantenerse durante cuatro años para delitos graves (homicidio y violación, entre otros). En cambio, otros sectores del FA entienden que el plazo deberá ser menor aunque no lo cuantificaron, según dijo a El País el diputado Bango, presidente de la comisión bicameral.

Ambas partes coinciden en la creación de un Instituto de Responsabilidad Adolescente y que este debe tener un carácter provisorio. Sin embargo, la oposición plantea que se establezca ahora que ese Instituto pasará luego a ser un organismo desconcentrado. En cambio, el oficialismo considera que se debe crear una comisión de seguimiento -la misma comisión bicameral- para que evalúe ese organismo y luego se defina el carácter jurídico del mismo.

Según Moreira, también hay diferencias sobre la penalización del intento de hurto. La oposición plantea que esta se sancione con medidas alternativas y privación de libertad en casos graves, mientras que el oficialismo rechaza que se interne a un menor en un hogar del INAU por esa causa.