La fiscalía de Brasilia pidió a la Justicia federal que inicie un proceso contra el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva por improbidad administrativa, y solicitó el bloqueo de sus bienes.
La Fiscalía acusa al ex mandatario (2003-2011) y a su ministro de Previsión Social, Almir Lando, de haber utilizado la maquinaria pública entre octubre y diciembre de 2004 para hacer promoción política personal, a través de más de 10 millones de cartas enviadas a jubilados de todo el país. Estas cartas, firmadas por ambos jerarcas, informaban sobre la posibilidad de conseguir préstamos con bajos intereses.
Según la Fiscalía, esa operación anunciada habría beneficiado a un banco privado (BMG) que otorgaba los créditos, y que fue acusado de haber participado de un escándalo de pago de sobornos a políticos oficialistas que sacudió el gobierno de Lula en 2005 y 2006.
El pedido de la Fiscalía exige la devolución del costo de envío de las cartas por parte de Lula y Lando, y para ello solicita a la Justicia Federal el bloqueo de los bienes de ambos para garantizar la restitución de los fondos en caso de que estos sean procesados y hallados culpables.
Con esta maniobra, la Fiscalía denuncia un perjuicio para el Estado de unos US$ 6 millones. "La acción quiere el resarcimiento a los cofres públicos de todos los valores gastados indebidamente. Si fueran condenados por la Justicia, los acusados podrán, incluso, tener sus derechos políticos suspendidos, pagar una multa, quedar impedidos de contratar o recibir beneficios del Poder Público y perder la función pública o jubilación, si fuera el caso", señala el texto.
De acuerdo a la Fiscalía, los pagos realizados por la impresión de las cartas, ejecutados por la empresa de procesamiento de datos del Ministerio de Previsión Social, no fueron debidamente autorizados por el Tribunal de Cuentas.
El texto agrega que "los costos del envío de la cartas fueron más altos que los valores del mercado".
Lula dejó el poder en enero con una popularidad sin precedentes en el país: 87%.