El Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) confirmó una resolución firmada el 23 de junio de 2005 por el entonces presidente Tabaré Vázquez mediante la cual el gobierno excluyó de la ley de Caducidad el caso de la desaparición de la joven argentina María Claudia García de Gelman, en 1976.
Un grupo de militares retirados se presentaron en 2006 ante el TCA reclamando la anulación de esa decisión, alegando que la misma viola sus "derechos adquiridos" porque durante el gobierno de Jorge Batlle el caso se había amparado dentro de la ley de Caducidad.
Entre los demandantes se encuentran el presidente del Círculo Militar, Ricardo Galarza, y el ex presidente del Centro Militar, Luis Pírez. También firmaron el reclamo varios de los militares retirados procesados por la Justicia por crímenes ocurridos durante la dictadura, como Jorge Silveira, Gilberto Vázquez y Ernesto Ramas.
Con este fallo, por primera vez el TCA se pronuncia sobre la exclusión de la ley de Caducidad de un caso de la dictadura, a pedido de militares. En los gobiernos de Jorge Batlle y de Julio Sanguinetti hubo reclamos de familiares de las víctimas debido a que los casos fueron amparados en la norma que prohibe indagar los hechos.
En la sentencia, a la que accedió El País, los ministros del TCA señalan que los militares reclamantes "no poseen un interés amparado jurídicamente" para impugnar la resolución del ex presidente Vázquez.
Los magistrados también rechazan que la resolución de Vázquez haya afectado los "derechos adquiridos" de los militares, porque "vino en los hechos a revocar" la decisión anterior del año 2003, explica la sentencia.
La desaparición de María Claudia García de Gelman está siendo investigada por el juez penal Pedro Salazar quien en los últimos meses indagó a varios militares que podrían tener vinculación con el caso.
Por orden del juez, a principios de febrero se retomaron los trabajos de excavación en el Batallón 14 de la localidad de Toledo, donde se presume que podrían estar sepultados sus restos.
El fallo del TCA señala que no es posible pronunciarse en relación a una resolución del Poder Ejecutivo sobre el caso de los homicidios de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz. Los militares reclamaron la nulidad de la decisión que había excluido esos homicidios de la ley de Caducidad, pero se constató que no existe una resolución en ese sentido.