No todas las políticas de gasto mejoran la distribución del ingreso

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El crecimiento de la economía uruguaya está ayudando a reducir la pobreza y mejorar la distribución del ingreso. En ese clima están actuando políticas públicas que, al evaluar su capacidad para lograr equidad social, tienen mejor o peor nota.

El crecimiento de la economía es necesario para reducir la pobreza y mejorar la distribución del ingreso pero no es suficiente. Se suele decir que no alcanza con que la torta crezca, hay que distribuir mejor las porciones para que las más pequeñas tengan un tamaño adecuado. Es cierto, pero sin lugar a dudas, es más fácil lograr porciones grandes cuando la torta está creciendo.

El Estado tiene como uno de sus objetivos reducir la pobreza y con ello lograr mejores condiciones de distribución del ingreso.

El interés particular se encuentra en las situaciones de pobreza donde es visible la falta de oportunidades para salir de esa situación y hay menos capacidad de respuesta frente a adversidades.

En estos casos coincide que la vida de esta población transcurre totalmente apartada de lo que es la vida común del ciudadano medio.

Las dos palabras que más se repiten en la construcción de políticas sociales y que sintetizan esta situación son: vulnerabilidad y exclusión.

Por sus características estos problemas no se solucionan solo con crecimiento económico y requieren de una atención particular por parte del Estado.

La solución de este tipo de problemas no es sencilla y requiere una asignación de recursos sumamente balanceada pa-ra lograr ayudar a los que lo necesitan y no generar un efec- to contrario al crecimiento económico.

Pero, cada vez que el Estado interviene para resolver un problema está creando alguna distorsión en otro lado.

A quien le saco recursos le genero el incentivo a modificar su conducta. A quien le doy recursos también le modifico la conducta.

En este contexto los principales instrumentos de redistribución presentan las siguientes características:

IMPUESTOS. No son una herramienta redistributiva eficiente por sí sola. Es mejor considerarlos como la fuente de recursos para los programas de gasto público.

La principal dificultad es que una vez que se pone un impuesto hay cambios en los precios y en las condiciones de oferta y demanda que modifican las decisiones de mercado y generan un traslado del impacto inicial del impuesto.

Un ejemplo claro es el impuesto sobre el alquiler de los inmuebles que al reducir la construcción de vivienda para alquiler tiene como impacto una suba en el alquiler al momento de la renovación de los contratos.

Por lo tanto, no siempre lo soporta aquel a quien se le pone el impuesto y es difícil determinar quién termina soportando las consecuencias del impuesto. Los estudios en la materia indican que cuanto más sustitutos tenga la materia gravada, menos soportará el impuesto y mayor traslado logrará.

TRANSFERENCIAS. Esta política de gasto consiste en darle a una parte de la población una porción de la torta más grande que la que están generando. Estas transferencias si no se condicionan al cumplimiento de determinadas acciones generan un impacto negativo por el lado de los incentivos y es un paliativo de muy corto plazo.

De acuerdo a la Cepal en Uruguay la cobertura de las asignaciones familiares es del orden del 85% de la población pobre. Por lo tanto es una política efectiva.

El punto débil es que cae en el asistencialismo y para evitarlo hay que instrumentar las transferencias condicionadas al cumplimiento de requisitos como educación y salud de los hijos.

Esto es incentivar la inversión en capital humano del hogar pobre. Lograr esto con una cobertura masiva implica un fuerte gasto de fiscalización y efectivamente instrumentar un mecanismo de sanciones y premiar para lograr el cumplimiento de las condiciones. Para lograr excelencia hay que incurrir en costos de instrumentación.

EDUCACIÓN. El destino del gasto en educación tiene alto impacto sobre el hogar que lo recibe y es un buen instrumento para lograr mejoras por uno mismo a futuro.

El gobierno uruguayo destinó según la Cepal un 4,3% del PIB a educación en 2008-2009 pero el impacto redistributivo de los distintos componentes del gasto en educación es muy diferente.

Mientras el 47% del gasto preescolar y en educación primaria va para las personas más pobres, solamente el 2% del gasto en educación superior es aprovechado por estas personas.

Las mediciones de equidad señalan que el gasto público en educación universitaria es fuertemente regresivo.

En el caso de la educación primaria y secundaria lo que está ocurriendo es que los resultados finales son muy malos y por lo tanto es un componente de las políticas sociales que requiere una mejora en la eficiencia de la calidad del servicio que llega a la población de menores recursos.

Es un buen rubro pero hay que orientarlo a donde está el problema y asegurar un nivel de calidad o resultados finales.

SALUD. El gasto público en este caso está diseñado en forma conjunta con un impuesto que contribuye al financiamiento del Fonasa.

Este combo de por sí tiene un gran efecto redistributivo pues la relación entre el impuesto pagado y el servicio recibido por la población es muy baja para las personas de menos recursos y muy alta para aquellos que tienen mayores recursos.

Es un rubro que presenta peligros si se desea incrementar el potencial redistributivo por el lado de mayores recursos y muy bueno si se logra mejorar por el lado de la calidad.

VIVIENDA. Es el programa central de la actual administración. Es un rubro en el que tradicionalmente se asocian los servicios públicos como agua corriente y saneamiento.

Hasta el momento el impacto es limitado, al igual que la cantidad de recursos destinados. De acuerdo a las estimaciones de la Cepal el gasto en vivienda es del 2% del PIB.

CONCLUSIÓN. De los instrumentos analizados, no todos contribuyen de igual manera a la reducción de la pobreza y la mejora en la distribución del ingreso, sin impactar negativamente en el rumbo de la economía.

La eficiencia que se puede lograr a través de la educación y la vivienda es superior a las demás. Hay algún terreno para mejorar en el caso de las ex asignaciones familiares, fundamentalmente en el cumplimiento de las condicionalidades.

Donde puede surgir problemas de eficiencia, con impactos poco claros en materia redistributiva es apelando a los impuestos o profundizando en el caso de salud.

47% del gasto preescolar y en edu-cación primaria va para los más pobres, pero en educación superior solo aprovechan el 2%.

85% de la población pobre está cubierta por las asignaciones familiares en Uruguay, según datos de la Cepal.