Grandes empresas buscan a ex presidentes

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EL PAÍS DE MADRID

A los 54 años Felipe González dejó de ser presidente del Gobierno español. Y a los 51 años José María Aznar salió de La Moncloa. Ambos mandatarios abandonaron el cargo en una edad de plenitud laboral.

Salieron con una pensión vitalicia de unos 80.000 euros al año, reconocimiento protocolario como presidentes, y medios materiales y económicos como coche oficial, dos asistentes y, por supuesto, seguridad. También con la incompatibilidad legal para contratar durante dos años con empresas que hubieran tenido relación con su actividad pública, es decir, prácticamente todas. Los dos cumplieron holgadamente ese periodo de carencia y, con diferencias y matices, han terminado siendo contratados por grandes empresas. Aznar, que ya formaba parte del consejo de News Corporation, del magnate mediático Rupert Murdoch, entre otros, ha sido contratado ahora como consejero de Endesa y González de Gas Natural. González cobrará unos 126.500 euros anuales y Aznar 200.000.

Los dos mantienen presencia mediática y fijan habitualmente posición política, pero ambos han renunciado a desempeñar cargos públicos.

Sus opiniones pesan y, a veces, marcan la agenda política: Aznar mantiene una cierta influencia en el Partido Popular (PP) como presidente de honor y, sobre todo, como presidente de FAES, la fundación desde la que se aportan propuestas e ideas a su partido y en la que se han refugiado ex dirigentes depurados por el actual jefe del partido, y ex candidato a vicepresidente, Mariano Rajoy. Y González aceptó en 2007 encabezar un comité de sabios que hizo propuestas sobre el futuro de la Unión Europea. Son cotizados conferenciantes en todo el mundo y publican libros que se convierten en best sellers.

A Aznar se le ha visto bajando del jet privado de Dionisio Gutiérrez, magnate guatemalteco, y de González es conocida su amistad con Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo.

Pero ambos renunciaron a ser miembros vitalicios del Consejo de Estado y dejaron en nada la reforma legal del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que, cargado de buena intención, buscaba con su iniciativa utilizar los conocimientos y la experiencia de los ex presidentes a favor del Estado en ese órgano consultivo. González declinó de inicio y Aznar llegó a tomar posesión, pero renunció al no poder compatibilizarlo con sus negocios privados. Los otros ex mandatarios post franquismo, también declinaron. Adolfo Suárez, por motivos de salud, no ocupó tampoco ese cargo y Leopoldo Calvo-Sotelo, hasta su fallecimiento en 2009, formó parte de distintos consejos de administración de empresas públicas.

La asignación total para Suárez, González y Aznar es de 238.010 euros. Los ex presidentes cobran 2.000 euros más que el salario anual del jefe del Ejecutivo, Rodríguez Zapatero: 78.185,04 euros en concepto de retribución.

Ahora, las nuevas actividades de Aznar y González y su acumulación de ingresos provocan una cierta polémica en el territorio de la ética en plena crisis económica y cuando los dos, con diferencias obvias, defienden la necesidad de acometer recortes sociales para el resto de ciudadanos. A pesar de que son de los pocos ciudadanos que compatibilizan pensiones públicas con millonarios ingresos privados.

González, según su entorno, está molesto con el debate porque considera que no se produjo cuando su antecesor, mucho antes que él, trabajó para varias empresas. Otra diferencia es que Aznar participa en consejos de sociedades extranjeras y González solo de una española. Y como cree que cumple la ley, el ex líder del PSOE (Partido Socialista Español) no está dispuesto a renunciar a la pensión de ex presidente. El Gobierno tampoco quiere modificar esa previsión legal, mientras que el PP asegura que está dispuesto a abrir "una reflexión" sobre esas remuneraciones públicas y su compatibilidad con ingresos privados, sin más precisión.

Joaquín Martín Cubas, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Valencia, explica que en todas las democracias se vive como un problema no resuelto qué hacer con los que ocuparon cargos públicos una vez que los abandonan y, especialmente, con los ex presidentes del Gobierno

"Un problema es saber cómo van a utilizar las relaciones que han logrado y, al mismo tiempo, cómo manejar la capacidad que tienen de influir con sus palabras en la vida política y hasta desestabilizar a un Gobierno", asegura.

Por eso, explica Cubas, se establecen unos emolumentos y unas contrapartidas para que, por un lado, vivan con una cierta dignidad y, por otra, para que se dificulte que puedan caer en "tentaciones". Los partidos también les dan salidas en fundaciones (Aznar preside FAES y González Progreso Global, del PSOE) y su experiencia les sirve para dar conferencias, por las que reciben altos emolumentos. Según Cubas, el problema surge cuando son contratados para poner al servicio de una empresa los conocimientos que han adquirido en el ejercicio de su cargo. Ganan dinero por eso y, al tiempo, siguen recibiendo la pensión que se ha establecido para evitar, precisamente, que caigan en esas tentaciones.

"Reciben, finalmente, compensación por dos vías por su experiencia como presidentes: una pública y otra privada", asegura para explicar que, quizás, sería conveniente buscar una fórmula para que la pensión vitalicia sea incompatible con ingresos privados.

El filósofo Fernando Savater asegura que en principio no hay nada criticable en que los ex presidentes sean contratados por las empresas, salvo que "eso provocara un sacrificio de sus principios". "Es hipócrita escandalizarse del sueldo que les van a pagar, porque ellos tienen una experiencia y conocimientos reconocidos, mientras que estamos rodeados de gente que gana por ir a programas basura. Estamos en una sociedad disparatada en la que personas de 22 años, casi analfabetos, ganan más dinero por hazañas deportivas o escándalos. Ganan dinero por hechos sonrojantes y tribales", asegura Savater.

Sin embargo, partidos menores como la Izquierda Unida, han criticado en estos días a los ex mandatarios y han registrado una iniciativa en el Congreso para que se debata un proyecto de ley para modificar el régimen legal de los ex presidentes e impedir casos como estos en el futuro.

Las iniciativas pretenden que se amplíe el periodo de dos años de incompatibilidad y que se modifique el estatus reglamentario de los "ex presidentes del Gobierno, exigiendo la renuncia a las prerrogativas consignadas en la actualidad -salvo las vinculadas a garantizar su seguridad- en caso de que ejerzan actividades remuneradas por cuenta de empresas privadas". Aseguran que hay una "absoluta falta de ética" al aceptar ser asesor externo o consejero de empresas habiendo ocupado puestos de tanta relevancia como la Presidencia de un país.

Las empresas admiten que al contratar a los ex presidentes, están haciéndose con los servicios de quien les puede asesorar, pero también adquieren su capacidad para abrir puertas. Compran su agenda y su tarjeta de visita, además de su capacidad de análisis.

El diputado del PP Gabriel Elorriaga asegura que una de las diferencias de España con otros países es que allí los ex presidentes abandonan sus cargos mucho más jóvenes. Y a esa edad no se les puede condenar al ostracismo o pretender que abandonen la vida laboral cuando cualquier otro ciudadano se mantiene en el mercado de trabajo y está en plena actividad.

Elorriaga explica que en cualquier otra democracia es normal que las empresas aprovechen la experiencia de los ex miembros del Gobierno. Por ejemplo, para abrir mercado en América Latina gracias al prestigio que hayan podido acumular en esos países, sin que pueda entenderse en absoluto como tráfico de influencias.

Madrid | En la mayoría de los países europeos, y de otras regiones también, los ex presidentes tienen asignaciones públicas vitalicias, mucho más cuantiosas, y en casi todos ni siquiera existe la incompatibilidad de dos años para ser contratado, como sí pasa en España.

En Francia, los ex presidentes de la República cobran pensiones vitalicias de unos 18.000 euros mensuales, además de formar parte del Consejo Constitucional y recibir por ello otras remuneraciones. En el caso concreto de Jacques Chirac, forma parte de una fundación y participa de actividades culturales, además de haber publicado sus memorias.

En Gran Bretaña no hay regulación alguna de la figura de los ex primeros ministros. Tony Blair, por ejemplo, además de enviado a Oriente Medio de la ONU, la Unión Europea, Estados Unidos y Rusia, es asesor de múltiples empresas británicas y de otros países. Por supuesto, muchas de esas sociedades tienen que ver con sectores sobre los que él tomó decisiones como primer ministro. Por ejemplo, una petrolera surcoreana, empresas de la familia real de Kuwait o fondos de inversiones de Emiratos Árabes, entre otros. Ha fundado la empresa Tony Blair Associates que se dedica a la asesoría política y económica.

En Alemania sí se produjo una polémica política en 2006, porque Gerhard Schröeder fue contratado como consejero en el consorcio creado por la estatal rusa Gazprom, justo después de abandonar el cargo de canciller. No había incompatibilidad legal y de hecho, Schröeder ganó un pleito a un portavoz de la oposición que le acusó de haber favorecido a esa empresa antes de abandonar el cargo y en vísperas de ser contratado.

En Estados Unidos hay una ley específica que fija una pensión de 200.000 dólares anuales y es costumbre que los ex presidentes colaboren en misiones específicas con las administraciones posteriores. El País de Madrid